La impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo afecta a la periodista, sino que favorece la repetición de delitos y violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres que ejercen el periodismo en México.
Así lo consideraron la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, que hicieron un llamado a garantizar el pleno esclarecimiento de las agresiones contra la comunicadora.
Luego de que un Tribunal Colegiado de Quintana Roo otorgó un amparo al empresario Kamel Nacif, acusado de torturar a Lydia Cacho tras ser detenida en 2005, ONU Mujeres y la ONU-DH recordaron la obligación de las instituciones del Estado mexicano de cumplir el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso.
El comité expuso que los tratos a los que se sometió a Lydia Cacho tuvieron un objetivo discriminatorio por razón de sexo.