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Continuar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía puede poner en riesgo la sustentabilidad de la región, ya que implica un incremento en la contaminación, por lo que la obra debe permanecer suspendida hasta que el gobierno acredite que cuenta con los permisos ambientales exigidos por la ley.

Así lo determinó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México al conceder la quinta suspensión provisional en uno de los 147 amparos tramitados contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“Los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar a la parte quejosa es que ésta resentiría un impacto ambiental, dado que la urbanización de los terrenos y el equipamiento relativo podrían modificar la sustentabilidad de la región no sólo por la disminución de áreas verdes, sino también por un aumento en la contaminación”, indica la sentencia del tribunal publicada ayer en los estrados judiciales.

Los magistrados indicaron que la finalidad de mantener paralizada la obra de Santa Lucía radica en garantizar la protección del medio ambiente en la región y salvaguardar la integralidad del ecosistema.

EL UNIVERSAL informó ayer que otro tribunal colegiado en la Ciudad de México concedió la cuarta suspensión a un piloto aviador, quien alegó que continuar con la obra de Santa Lucía podría significar un riesgo para los usuarios y trabajadores.

Por ello, los magistrados ordenaron al gobierno federal acreditar que cuenta con todos los estudios en materia de seguridad aérea.

“La demostración de dicho acto encaminado a la construcción de un aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía, Estado de México, donde podrá prestar sus servicios como piloto el quejoso, resulta suficiente para tener acreditado indiciariamente el daño inminente e irreparable al derecho fundamental [de] la vida, dado que se cuestiona la falta de estudios en materia de seguridad vinculados con los procedimientos de llegada y salida de las aeronaves”, detalla el documento.

En el primero de los 147 amparos presentados, un juez aplazó la inspección judicial para determinar si mantendría de manera definitiva la suspensión del inmueble.

La diligencia estaba prevista para ayer; sin embargo, algunas autoridades no fueron notificadas a tiempo, por lo que el juez Cuarto de Distrito difirió la inspección para el 19 de junio próximo.

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