La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) , firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para fortalecer las herramientas jurídicas en la defensa de los derechos humanos y la equidad de género.

El consejo y el TFJA han colaborado desde hace cinco años en la tarea de visibilizar la perspectiva antidiscriminatoria , de inclusión y de derechos humanos para transformar el derecho administrativo, se destacó en un comunicado.

Al respecto, la encargada de despacho de la presidencia del Conapred, Irasema Zavaleta Villalpando, destacó que, resultado de la política antidiscriminatoria, el TFJA ha resuelto a favor del acceso a la pensión por viudez sin discriminación de género, el acceso de hijas e hijos a las guarderías y estancias infantiles sin distinciones de género contra los padres varones, el acceso de parejas del mismo sexo a la seguridad social y sus beneficios.

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También la eliminación de barreras en la contratación de un seguro médico para las personas con discapacidad, y el acceso, ascenso y permanencia en el empleo sin discriminación por género u orientación sexual, por destacar algunos.

En su intervención, el magistrado presidente del TFJA, Rafael Anzures Uribe, destacó la importancia de la asesoría técnica y la capacitación al personal proporcionada por el Conapred, así como el enfoque multicultural como acciones para contrarrestar la discriminación y alcanzar que todas las personas sean respetadas.

En su turno, la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez precisó que es obligación del Estado promover la igualdad y la no discriminación, así como garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y, en especial, a las que integran los grupos históricamente discriminados.

Esta firma de convenio es una de las acciones concretas para impulsar la perspectiva de igualdad efectiva de trato y no discriminación, mediante la coordinación, diseño y ejecución de diversas estrategias y acciones para identificar, prevenir y eliminar todo tipo de práctica discriminatoria en el ámbito de sus respectivas competencias.

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