También se prevé que abone al incremento de la trata de personas y al tráfico de drogas en los cinco estados afectados.
Ese es el resumen del documento Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, elaborado por el grupo constituido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya.
A finales de septiembre de 2019, el Conacyt invitó a más de 30 investigadores para conformar este grupo con el fin de estudiar las afectaciones a lo largo de los mil 500 kilómetros de vía, las diferentes estaciones y ciudades por las que pasará el tren.
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Tras la convocatoria de la consulta, el 15 de noviembre de 2019, el consejo apremió a los investigadores para que entregaran el análisis, bajo el entendido de que la información se difundiría antes del proceso.
De acuerdo con fuentes cercanas a su elaboración, un primer resultado fue enviado entre el 10 y el 12 de diciembre, pero el informe, en lugar de ser distribuido a secretarías y público en general, fue detenido.
El análisis completo consta de cinco documentos de 60 cuartillas cada uno y se hizo llegar un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República. La consulta se celebró finalmente el 14 y el 15 de diciembre de 2019. Votaron 100 mil personas en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
La División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que ésta no cumplió con los estándares internacionales y que los votantes apoyaron la obra sólo por la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
“Nos pusieron tiempos muy breves para cumplir con esa fecha, pidiéndonos que entregáramos algo. Y lo hicimos. Pero ahí se paró. Nos dijeron que era muy tarde y que ahora no querían sacarlo antes de la consulta para no influir”, explicó uno de los investigadores bajo condición de anonimato. En el propio documento falta información pública sobre el proyecto, la cual salió a la luz tras la consulta.
El Conacyt dijo después que lo difundiría en otras dos ocasiones (el 17 de diciembre de 2019 y, luego, en la tercera semana de enero de 2020); sin embargo, nunca lo hizo.
El informe, según se lee, pretende ofrecer “información a los diversos actores de la sociedad, del gobierno y de la academia que tienen interés o la responsabilidad de contribuir activamente a garantizar la prevalencia del bien público”; aunque aclara que no se dispone “todavía de estudios de infraestructura básica, impacto social, impacto ambiental y otros más específicos indispensables para estimar la viabilidad y pertinencia de un proyecto de esta envergadura”.
El Tren Maya está en la zona de influencia de “yacimientos petroleros del país y con una buena parte de los mineros”.
EL UNIVERSAL solicitó la postura del Conacyt; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
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Medio ambiente
El proyecto del Tren Maya afectará a por lo menos 10 Áreas Naturales Protegidas: reservas estatales de Balam Kin y Balam Kú (Campeche); el Parque Nacional de Palenque (Chiapas); las Áreas de Protección Cañón del Usumacinta (Chiapas), Yum Balam, Manglares de Nichupté y Uaymil (Quintana Roo); las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an (Quintana Roo), así como Los Petenes y Calakmul (Campeche).
“Sufrirán alteraciones [degradación, fragmentación y deforestación] asociadas con la construcción, circulación y desarrollo del proyecto”, el cual tendrá un impacto negativo en los servicios ambientales de los ecosistemas que serán afectados, destacando la recarga del manto freático y la captura del bióxido de carbono atmosférico.
Arqueología
Mil 288 sitios arqueológicos registrados en el inventario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) están en un margen de 10 kilómetros a ambos lados de la vía prevista: “Tendrían una afectación directa que, atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”, se lee en el documento.
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Pueblos indígenas
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) registra, en una franja de un kilómetro a cada lado de la vía, 197 localidades indígenas con 143 mil personas de pueblos originarios “que serán afectadas por la construcción y funcionamiento del tren”. El informe cita el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por México y asegura que el derecho a contar con su “consentimiento libre, previo e informado” no se cumple en el caso del Tren Maya, ya que “no se ha hecho público el proyecto correspondiente ni los estudios de ingeniería básica e impactos ambiental, cultural y social” e incluso, “el trazo ha sido modificado y rectificado sin asegurar cuál es el definitivo que se propone”.
Tierras para el Tren Maya
Para que ejidatarios y pequeños propietarios aporten tierras para el Tren Maya, las estaciones y sus ciudades, se propone el esquema FIBRA, un fideicomiso que cotizará en la bolsa, en el que las comunidades pondrían las tierras y los inversores, el dinero.
“Mediante las FIBRAS, la tierra no cambia de propietario, pero es entregada como soporte material y financiero”, dice el documento. Estos instrumentos financieros híbridos tienen mayoritariamente rentas variables, cuyo rendimiento no está garantizado, podría incluso ser nulo, y la inversión se podría perder. Además, “la tierra ya no podrá ser recuperada, a menos que los propietarios tuvieran el capital suficiente para comprar la totalidad de los certificados bursátiles o los inmuebles construidos encima”.
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Empleo
El documento explica que la promesa de nuevos empleos es un elemento central del Tren Maya, pero observan dos problemas principales: por un lado, obedece principalmente a los trabajos de construcción que tienen una duración limitada y después de un primer momento de alta incorporación, vendrá una baja. Además, se orientará a empleos precarios, con baja remuneración y sin prestaciones que supone un trabajo de base.
Turismo
El Tren Maya, con su orientación al turismo, tendrá “un impacto en el aumento de actividades ilícitas como la trata de personas y la circulación y uso de drogas”, lo que lleva al descuido e irrespeto con el entorno, que pone en riesgo el patrimonio cultural”.
