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El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, advirtió que, ante la carencia de personal que existe en los poderes judiciales de los estados, el debate debería ser en favor de las personas juzgadoras y de mejores condiciones para su trabajo, para alcanzar un efectivo acceso a la justicia.
Durante la tercera jornada de los Diálogos Nacionales sobre la reforma judicial, Sodi Cuéllar remarcó que, en promedio, las entidades de la República cuentan con sólo 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes y el Estado de México solo 2.8, cuando el estándar a nivel internacional es de 18 jueces.
“Somos un país con altos índices judiciales e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago. Uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo. El estándar internacional implicaría tener al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes, pero seamos realistas, fijemos una meta de 10 jueces por cada cien mil habitantes. Para lograrlo, debemos fortalecer la autonomía presupuestal de los estados”, apuntó.
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“Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente”, subrayó.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense propuso Incorporar a la Constitución el principio de que los presupuestos de los poderes judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4% del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente.
Además, crear el Fondo de Apoyo para la Impartición de Justicia en las Entidades, mediante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal e incorporarlo al ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación y exentar a los poderes judiciales locales de los límites del 3% que la Ley Disciplina Financiera fija como máximo para aumentar el Capítulo 1000, para poder incrementar el número de servidores judiciales a la velocidad que se necesite.
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