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Es la mañana del día del Grito de Independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el primero en subir al estrado donde todos los días, a primera hora, ofrece su conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Lo siguen el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, quien no pierde la sonrisa. Más atrás su hombre fuerte para atender los asuntos legales: Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de la Presidencia, a quien se le ve con el rostro serio.
Sin preámbulos, el Presidente lanza la primera ofensiva directa en contra de sus cinco antecesores: “Voy a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México de 1988 a la fecha”.
Y pone sobre la mesa su decisión de ir contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sabe de las complicaciones legales y las zonas grises en el marco legal, pero el Presidente de la República también conoce que este es el momento de debatir sobre el tema y que sea el pueblo de México el que decida.
Para defender su decisión, él mismo lee el documento que envía al Senado de la República para arrancar el proceso de consulta popular, donde a manera de resumen hace ver los señalamientos históricos que él mismo ha formulado contra los exmandatarios federales.
Dice que con Salinas de Gortari se inició la privatización del país y la desigualdad social; Zedillo Ponce de León le adjudicó al pueblo la deuda del Fobaproa; Fox Quesada traicionó a la democracia; Calderón Hinojosa fue omiso a la advertencia de que Genaro García Luna estaba coludido con el narcotráfico, y Peña Nieto recibió millones de pesos ilegales.
Firma el documento y lo muestra a los periodistas. Envía al propio Scherer Ibarra a entregar el documento al Senado.
El encuentro en la Cámara Alta fue terso como en una fiesta donde todos los invitados son amigos y no hay suspicacias sobre si alguien se irá sin pagar la cuenta. No hubo oposición en la sala, tampoco miradas incómodas ni declaraciones incendiarias.
Scherer Ibarra lleva la pregunta. Ricardo Monreal, coordinador morenista, la recibe y la entrega a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado y correligionario; siete minutos de sonrisas, fotografías y apretones de manos.
“Hoy mismo vamos a enviar, como dice la ley, de manera directa, ni siquiera admite discusión en la Cámara, es de manera directa enviarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirma Monreal Ávila.
Afuera de la sala, la oposición trinaba. Claudia Ruiz Ma-ssieu, priista de cepa, sobrina de uno de los indiciados y excolaboradora de primer nivel de otro, pide que el tema se apegue a la ley y se saque de la esfera de los personalismos.
