Con la reforma aprobada que le traspasa el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se consolida como la “supersecretaría” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendrá a su cargo la seguridad pública del país por medio de la militarización, con un uso discrecional de recursos y prácticamente desmantelando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consideran expertos.
Sin embargo, advierten que ni esta reforma ni la iniciativa para ampliar la presencia militar en las calles resolverá el problema de inseguridad en México.
Resalta que, con la reforma aprobada por el Congreso, “se podrían incrementar las violaciones a los derechos humanos en el país, ya que, al pasar a la estructura de la Sedena, los elementos de la GN gozarán del llamado ‘fuero militar’, es decir, cuando cometan delitos, excesos y violen derechos humanos no serán juzgados por civiles, sino por tribunales castrenses, con toda la opacidad que implica, y con ello habrá un margen de mayor impunidad”.
Advierte que es una situación muy grave para la Secretaría de Marina y peor aún para los marinos que están asignados a la Guardia Nacional, ya que se les prometió que su estancia era temporal y ahora con la reforma avalada por el Congreso se les obliga a renunciar a su antigüedad, a sus rangos obtenidos por muchos años e incluso a la seguridad que gozaban para iniciar de cero.
Víctor Sánchez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y exasesor de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo que la GN se integró con más de 9 mil efectivos del Ejército y la Marina: “Lo grave es mantener a militares tomando las decisiones de seguridad pública, porque no es lo mismo el entrenamiento que recibe un soldado que el de un policía. Ante una situación de riesgo, el principal objetivo de un policía es contener y controlar la situación, y sólo cuando no es posible hacerlo a través de la negociación y el diálogo se recurre al uso de la fuerza”, explica.
Alejandro Hope, analista en seguridad, destaca que la refor ma para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena no tendrá ningún efecto práctico en términos del combate a la inseguridad ni en la manera como opera la institución.
Considera que el trasfondo de la iniciativa presidencial no es el combate a la corrupción, porque si ese tema les preocupara, “¿por qué sólo 20% de los elementos de la GN tiene certificado único policial y la mayor parte de sus integrantes no han pasado por control de confianza?”, cuestionó.
Víctor Hernández, investigador de seguridad nacional en la Universidad Panamericana, comenta que la SSPC quedará desmantelada con el traslado de la GN a la Sedena y tendrá roles secundarios, como cuidar las prisiones y las estadísticas delictivas.
“Al final, Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, y Alfonso Durazo, quien estuvo a cargo, han sido peones, les conviene seguir justificando la irrelevancia de la SSPC para que la desaparezcan y así se la entreguen a los militares. Eso le conviene a la 4T, ¿qué le convendría a México? Una policía civil y profesional”, asevera.
La académica Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), resalta que en la gestión de Enrique Peña Nieto la SSPC quedó minimizada, al pasar todo el control a la Secretaría de Gobernación.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), detalla que la SSPC cuenta con funciones muy extrañas, aparentemente el sistema penitenciario permanece en la dependencia, al igual que el Centro Nacional de Formación y el Sistema de Protección Federal, comentó. “Pero no sabemos cómo le harán con el sistema penitenciario, cuando todos los elementos de la GN van a la Sedena, preocupa que no se estén contemplando ciertas acciones para subsanar estas deficiencias, parece muy extraño que no tengan un cuerpo de seguridad”, refiere.
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