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El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que la extorsión y la corrupción, entre otros delitos, sean sujeto de prisión preventiva oficiosa.
Como parte del paquete de reformas constitucionales que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, el Primer Mandatario también planteó prisión preventiva para narcomenudeo, para quienes incurran en la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, así como para quienes cometan defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Con la finalidad de prevenir y combatir dichos delitos que han aumentado, y con ello, garantizar la paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población”, señala el proyecto.
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En su exposición de motivos, la iniciativa advierte que el narcomenudeo se ha posicionado como una fuente de violencia e inseguridad con un alto índice delictivo, y que solo en 2023 se registraron 83 mil 060 casos.
Respecto del delito de extorsión, explica que en el 2022 se registró el mayor número de carpetas, con un total de 10 mil 343 casos.
“Ante el incremento de la extorsión y el aumento de la violencia con que se lleva a cabo, está en juego la seguridad de gente vulnerable, por lo que es necesario que esta conducta se incluya como delito que merece prisión preventiva oficiosa”.
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Sobre la corrupción, explica que en los últimos años el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado que, los esquemas de facturación falsa involucran tanto a personas físicas, como a personas morales, y en los ejercicios fiscales del 2017, 2018 y 2019, se facturaron 339 mil millones de pesos.
“En el mes de diciembre de 2023, se tienen identificados públicamente a 10,798 sujetos que en definitiva incurrieron en esquemas de facturación falsa”.
Por lo anterior, la iniciativa plantea reformar el artículo 19 de la Constitución, para establecer que el Ministerio Público también podrá solicitar al juez la prisión preventiva en los casos de “extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados”.
Lo mismo para los casos de defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley.
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