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Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes que la extradición de Julian Assange sentaría un peligroso precedente, pues el gobierno de Estados Unidos podría solicitar la extradición de editores y periodistas de todo el mundo.
“Otros países podrían seguir el ejemplo estadounidense”, sostuvo Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en lucha contra el terrorismo y justicia penal en Europa.
“La publicación por parte de Julian Assange, de documentos que le fueron revelados por fuentes en el marco de su trabajo con Wikileaks, refleja la labor de los periodistas de investigación. Por lo regular realizan las actividades descritas en la acusación, es decir: hablar con fuentes confidenciales, buscan aclaraciones o documentación adicional, y reciben y difunden información oficial y a veces clasificada”, mencionó.
Sostuvo que el riesgo que corren editores y periodistas de investigación de todo el mundo pende de un hilo.
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“Si Julian Assange es enviado a Estados Unidos y procesado allí, las libertades de los medios de comunicación de todo el mundo también estarán a prueba. Assange sufrirá personalmente las consecuencias de estas acusaciones de motivación política y la comunidad de medios de comunicación de todo el mundo sabrá que ellos tampoco están a salvo”, indicó.
Expuso que el derecho del público a la información sobre lo que sus gobiernos están haciendo en su nombre se verá profundamente socavado, por lo que, agregó, Estados Unidos debe retirar los cargos en virtud de la ley de espionaje contra Assange y poner fin a su detención en Reino Unido.
Expresó que si Assange pierde el permiso para apelar, correrá el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos y procesado en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, una ley de tiempos de guerra que nunca tuvo como objetivo el trabajo legítimo de editores y periodistas.
“Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel. Por el cargo menos grave de fraude informático, podría ser condenado a un máximo de cinco años”, precisó.
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Sostuvo que los medios informativos y editoriales publican a menudo y con razón información clasificada para informar sobre asuntos de la máxima importancia pública. Esta es una piedra angular de la libertad de los medios de comunicación y está protegida por la legislación internacional de derechos humanos y no debe criminalizarse.
“Los esfuerzos de Estados Unidos por intimidar y silenciar a los periodistas de investigación que sacan a la luz irregularidades gubernamentales, como la revelación de crímenes de guerra u otras infracciones del derecho internacional, deben detenerse de inmediato.
“Fuentes como los denunciantes legítimos de irregularidades gubernamentales a periodistas y editores también deben tener libertad para compartir información en aras del interés público. Serán mucho más reacios a hacerlo si Julian Assange es procesado por realizar una labor editorial legítima.
“Esta es una prueba para las autoridades estadounidenses y británicas sobre su compromiso con los principios fundamentales de la libertad de los medios de comunicación que sustentan los derechos a la libertad de expresión y el derecho del público a la información. No sólo Julian Assange está en el banquillo de los acusados. Si acallan a Assange otros serán amordazados”, refirió Julia Hall.
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