A cuatro meses de que finalice su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador alista la publicación de un decreto con el que pretende consolidar un súper IMSS-Bienestar.

El gobierno federal trabaja en un decreto para transferir los recursos humanos, financieros y materiales del Programa IMSS-Bienestar, creado en 1979, al IMSS ordinario y al nuevo IMSS-Bienestar.

Con la desaparición del programa se transferirán 21 mil 623 millones de pesos que le fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de 2024. Así como 4 mil 075 inmuebles, entre los que se encuentran 82 hospitales rurales y 3 mil 993 unidades médicas, de primer y segundo nivel de atención.

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“La transferencia de dichos recursos se realizará de manera coordinada entre el IMSS y el IMSS-Bienestar; dichas entidades, a través del mecanismo que éstas determinen, deberán acordar qué recursos del programa son necesarios para su objeto y operación”, especifica el proyecto de decreto, del que EL UNIVERSAL tiene una copia.

Así, el titular del Ejecutivo busca consolidar al Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar antes de que termine su mandato, para “tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo”, como ha prometido en reiteradas ocasiones.

Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de 120 días naturales, a partir de que entre en vigor el decreto, para realizar los ajustes programáticos y presupuestarios que correspondan para transferir los recursos.

Tomando en cuenta ese periodo, tal vez el presidente López Obrador podría hacer oficial la transferencia de los recursos del Programa IMSS-Bienestar al OPD antes de que termine su mandato, el 30 de septiembre de 2024.

Sin embargo, expertos consultados por este rotativo señalan que esta modificación no supone una mejora de los servicios de salud, porque dichas unidades y trabajadores seguirán atendiendo a los mismos beneficiarios, ya que hay entidades y zonas rurales donde no existen unidades de la Secretaría de Salud, y sólo opera el Programa IMSS-Bienestar. Asimismo, es necesario incrementar el presupuesto para el sector Salud, la infraestructura y terminar con el desabasto de medicamentos, más que la transferencia de los recursos del Programa IMSS-Bienestar, subrayaron.

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El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, doctor en Administración Pública, explicó que es congruente la transferencia de recursos del Programa al OPD, “pues no resultaba lógico que hubiera más subsistemas”.

El también secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados advirtió que “tampoco va a mejorar nada, porque esa población va a seguir donde está. Por ejemplo, en Tabasco hay como 600 unidades de primer nivel del IMSS-Bienestar, no hay de la Secretaría de Salud, no hay de la OPD, solamente es el Programa IMSS-Bienestar el que está ahí, en las zonas rurales; en las zonas rurales de Oaxaca, la mayoría es el Programa de IMSS-Bienestar. En 19 estados opera este programa, esas unidades médicas siguen atendiendo a los mismos, ahora va a decir: ‘Es que ahora atiende la OPD IMSS-Bienestar’. La OPD IMSS-Bienestar nada más ha engullido los recursos y el personal de todo el sistema de salud nacional, una sola institución, entre comillas, porque siguen siendo instituciones cada una con su lógica”.

Explicó que el proyecto de desaparecer el Programa IMSS-Bienestar y dejar sólo dos sistemas de salud, uno para quienes tienen seguridad social y otro para quienes no, podría beneficiar a los pacientes.

“Me parece muy bien que todos los recursos del programa se absorban por la OPD, porque esa es la lógica del recurso, porque además no alcanza con lo que pagan en el Ramo 19, el paquete que daba el programa del IMSS-Bienestar era un paquete limitado, no tenía alta especialidad, etcétera. La idea, con esto, es que el dinero que se está dando ahí por Ramo 47 a la OPD IMSS-Bienestar cubra y complemente el Ramo 19, porque no alcanzaría”, expuso.

Aclaró que es incongruente que el IMSS ordinario se vaya a quedar con recursos del programa “si realmente la vocación y los recursos no son del IMSS ordinario”.

Ramírez Barba dijo que “es, al menos, más congruente que como está ahora, lo que es francamente incongruente es que el IMSS ordinario se quiera quedar con recursos. Los puestos que se dupliquen, de administración entre la OPD y el Programa IMSS-Bienestar deben ser cancelados, pero no absorbidos por el IMSS”.

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Advirtió que el gobierno federal debe poner atención a la Secretaría de Salud porque es la dependencia que menos recursos tiene, a pesar de desempeñar el papel de rectora del sistema de salud.

“Más bien, aquí, la debilidad es para la Secretaría de Salud que se queda solamente con menos de un peso de cada 100. El IMSS es el que se lleva más presupuesto público, luego seguiría el IMSS-Bienestar, luego el ISSSTE, la Sedena, la Marina, Pemex. Del cálculo, por ejemplo, para este año son como 960 mil millones de pesos, y de eso solamente 90 mil son de la Secretaría de Salud, alrededor de 10% para la Secretaría de Salud; un tanto, calidad rectora y un tanto los programas de salud pública que manejan del Ramo 10 al Ramo 12”.

Por su parte, Christian Carrillo, constitucionalista y analista político, señaló que una de las grandes deudas que dejará el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es no haber podido estructurar un sistema de salud eficiente, eficaz y efectivo.

“Un sistema de salud como el de Dinamarca, así dicho por él mismo. Esto, tras uno de los mayores fracasos que tuvo este gobierno federal, como lo fue la política fallida del Insabi, que nació muerto por la falta de reglas de operación, de recursos financieros y humanos, por ello, no logró la universalidad en los servicios de salud pública. Además, al desaparecer al Seguro Popular sin una planificación de transición, marcó un retroceso que han tenido que pagar los ciudadanos por la falta de atención médica, falta de medicamentos y la falta de acceso a procesos operatorios”, manifestó.

También coincidió en que la transferencia de los recursos humanos y materiales del Programa IMSS-Bienestar al Seguro Social y al OPD no resolverá de fondo el problema que ha arrastrado la actual administración en materia de salud.

“El presidente López Obrador quiere irse por la vía fácil, que es consolidar la centralización de los servicios de salud, dejando de lado su universalidad, a través de un paliativo, como lo es el órgano público descentralizado IMSS-Bienestar, donde 24 de 32 entidades federativas estarán adheridas a esta política de salud, que no resolverá nada si se sigue viendo la salud de los mexicanos como un botín político y, sobre todo, no se resolverá nada de fondo si no se le da sostenibilidad presupuestal y financiera, calidad, infraestructura, medicamentos y acceso gratuito a los servicios de salud a las familias de México”, dijo el analista político.

Refirió que el gobierno federal que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo y los gobiernos de las entidades federativas que firmaron el convenio para federalizar los servicios de salud deberán asignar mayores recursos y eficientar y transparentar su gasto para generar confianza a los ciudadanos.

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“El gran reto para Claudia Sheinbaum Pardo será garantizar que el órgano público descentralizado IMSS-Bienestar pueda operar oportunamente, para disminuir la brecha de desigualdad en los servicios de salud públicos en México, y que disminuya el gasto de bolsillo en salud, que es de alrededor de 38%”, subrayó Carrillo.

El Programa IMSS-Bienestar cumplió 45 años el pasado 25 de mayo, y cuenta con un padrón de población adscrita de 11 millones 001 mil 574 personas; de éstas, cerca de 3.8 millones viven en localidades indígenas.

Asimismo, forma parte de la estructura orgánica del Seguro Social, ya que la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social ordinario lo administra y opera a través de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar.

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El proyecto de decreto establece que la Unidad del Programa IMSS-Bienestar deberá planear la entrega de los recursos, en conjunto con las direcciones de Administración, Finanzas, Prestaciones Médicas, Jurídico del IMSS y del nuevo IMSS-Bienestar.

“La regularización jurídica de los bienes que sean transferidos a cada entidad estará a cargo de las mismas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”, señala el documento.

El proceso será vigilado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá aprobar los mecanismos de transferencia, y la Secretaría de la Función Pública (SFP), que supervisará que se apegue a los lineamientos de austeridad.

Sin embargo, advierte, a pesar de la transferencia de todos los recursos del Programa IMSS-Bienestar al OPD, el gobierno federal seguirá “cubriendo, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, el pago de los derechos pensionarios de los trabajadores del programa que les sean transferidos a cada entidad”.

El proyecto establece que los derechos individuales de los trabajadores del programa serán respetados en todos sus términos; y “en el mecanismo de transferencia de recursos que se establezca, se deberá especificar el número de personas trabajadoras que serán transferidas a cada entidad, para que la SHCP realice la transferencia de los recursos correspondientes”.

Finalmente, a los más de 11 millones de beneficiarios se les deberá informar “la transferencia de los recursos del programa, así como cualquier cambio en la atención y en los servicios que dicha población recibe”.