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Al cierre de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asignó 42 medidas de seguridad a jueces y magistrados amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan.Estas estrategias significan que este año se asignaron 11 vehículos blindados para los juzgadores; 12 servicios de escoltas; 11 recibieron chalecos antibalas y ocho obtuvieron apoyos provisionales tales como teléfonos con botón de pánico.
De este modo, según el Primer Informe de Labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, un total de 91 jueces y magistrados cuentan con vehículos blindados; 89 tienen servicio de escoltas y 89 usan chaleco antibalas.
Fuentes federales explicaron que es posible que un mismo juez o magistrado cuente con chaleco antibalas, escolta y vehículo blindado, y por razones de seguridad no se especifica qué juzgadores son los que tienen asignadas las medidas de seguridad.
El documento detalla que durante 2019, el CJF revisó 303 asuntos relacionados con peticiones de medidas de seguridad para juzgadores federales.
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De éstas, se realizaron 199 evaluaciones de riesgo para determinar las medidas de seguridad y su temporalidad, sugerir su continuidad, modificación o conclusión ante la Comisión de Vigilancia.
Esto, según el informe entregado el pasado 11 de diciembre por el ministro Zaldívar Lelo de Larrea al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, derivó en que durante 2019 se ordenaron 42 asignaciones de medidas de seguridad.
“En conjunto con la Coordinación de Seguridad y la Comisión de Vigilancia se depuraron los criterios para la asignación de medidas de seguridad”, indica el documento.
“Como resultado de este conjunto de acciones se evitó la renovación del parque vehicular”, señala el texto.
Al rendir su informe, Zaldívar Lelo de Larrea reconoció la labor de los jueces, que a pesar de las “presiones mediáticas, de poderes económicos y de la delincuencia organizada”, cumplen con sus funciones a diario.
“Un cuerpo de alrededor de mil 500 juzgadores imparte día con día justicia federal en nombre de la unión. Lo hacen en condiciones muchas veces heroicas, en lugares apartados, lejos de sus familias, con largas jornadas de trabajo, enfrentando con aplomo las presiones mediáticas, del poder económico y también de la delincuencia organizada. A ellas y a ellos, así como a todo el personal de carrera judicial y administrativo, que se entrega con honestidad y excelencia al servicio público, les expreso mi total reconocimiento”, dijo el ministro presidente de la SCJN.
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Además de los jueces federales, los ministros de la Suprema Corte y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también cuentan con servicios de escolta y vehículos blindados.
Durante 2018, el PJF reportó tener 138 vehículos blindados, 139 escoltas asignados y 140 chalecos antibalas para protección de jueces y magistrados en situación de riesgo.
Los jueces y magistrados federales que cuentan con estas medidas radican en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.
Entre 2017 y 2018, el Consejo de la Judicatura Federal gastó 188 millones de pesos en personal de seguridad y en servicios de vigilancia con cámaras en todas sus instalaciones.
Para el próximo año, el CJF solicitó 756 millones 800 mil pesos para garantizar la seguridad de jueces y magistrados, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos que envió a la Cámara de Diputados.
Desde el año 2000 a la fecha, cuatro impartidores de justicia han sido asesinados, el último de ellos fue el juez de Distrito Vicente Bermúdez Zacarías, quien en octubre de 2016 fue ejecutado mientras realizaba ejercicio en el fraccionamiento donde vivía en el municipio de Metepec, Estado de México.
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La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones del caso y en octubre pasado detuvo y obtuvo la vinculación a proceso de Marisol “M”, esposa del juez Bermúdez Zacarías, quien está internada en el Centro de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y sus cuentas bancarias fueron congeladas durante 60 días naturales.
En agosto de 2006, el juez de Distrito Hilario Nieto Contreras también fue asesinado en el Estado de México.
El juzgador fue baleado desde un automóvil en marcha cuando circulaba en su vehículo por calles de Toluca.
Al momento de su muerte encabezaba uno de los seis juzgados federales del penal de máxima seguridad de La Palma, donde conoció de juicios contra integrantes de los cárteles de los Arellano Félix, del Golfo y de Juárez.
En noviembre de 2001, los magistrados federales Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados en calles de Mazatlán, Sinaloa.
Durante el atentado, que ocurrió en el fraccionamiento El Cid, también resultó muerta María del Carmen Arroyo, esposa del magistrado Benito Andrade.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, cuatro sujetos que viajaban en un vehículo tipo Monza y una Suburban color roja acribillaron con rifles AK-47 a los magistrados, a la esposa de uno de ellos e hirieron a otra mujer que se encontraba en el lugar, mientras que un menor de edad que también estaba ahí, salió ileso.
