Por unanimidad de 106 votos, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, tras varios días de intensas negociaciones entre Morena y la oposición, que permitieron modificar la minuta procedente de San Lázaro.
Las arduas deliberaciones entre los coordinadores dieron frutos, ya que se allanó el camino de los acuerdos al eliminarse la disposición que facultaba a la Cámara de Diputados a imponer su criterio en los casos de desafuero de los gobernadores.
La minuta con proyecto de decreto aprobada fue devuelta al Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que es la cámara de origen, misma que tendrá que volver a discutirla y votarla.
“Consideramos que la propuesta aprobada (...) puede atentar contra el pacto federal, el principio de división de Poderes y el sistema de distribución y competencias entre la Federación y las entidades”, señala la adenda firmada por todos los coordinadores de bancada.
Los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD reconocieron la disposición de Morena para el diálogo y los acuerdos, con lo que, dijeron, se salvaguarda el federalismo y se preserva la atribución de los congresos locales de actuar en los casos de desafuero de los mandatarios estatales.
Así, la Cámara de Diputados sólo enunciará los procesos de declaración de procedencia que resuelva y comunicará a las legislaturas locales, para que éstas, en ejercicio de sus facultades, procedan como corresponda.
Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera, afirmó que el juicio político tiene un principio como único fin: “Separar a servidores públicos de sus funciones como mecanismo de garantía para la sociedad contra actos inmorales”.
En el debate, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien participó en la mesa de negociación, señaló que la minuta remitida por la Cámara Alta contenía “preocupantes inconsistencias, albergaba deficiencias técnicas y contemplaba evidentes inconstitucionalidades violatorias de los principios en los que se funda el pacto federal”.
Sostuvo que, de haberse aprobado como la envió la Cámara de Diputados, se corría el riesgo de que estos procedimientos pudieran ser usados con propósitos políticos, poniendo en riesgo la estabilidad del país: “Era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Corte y, más adelante, la invalidez de la norma”, señaló.
En tanto, el panista Damián Zepeda celebró que se haya respetado lo que establece la Constitución Política, “por eso hoy nosotros decimos enhorabuena que ganó el consenso, que ganó el diálogo, que ganó la apertura. ¿Se quiere hacer una reforma constitucional?, pues entremos a ese debate.
“Hoy estamos en una ley secundaria y esta ley protege, debe proteger el federalismo, porque la Constitución así lo hace”, puntualizó el panista.
Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que una resolución de la Cámara de Diputados tendrá el efecto de remitir a lo dispuesto por la Constitución, “y lo que dispone hoy la Constitución es que las legislaturas locales apliquen su legislación”.
El senador de Morena Julio Menchaca afirmó que con la aprobación de esta ley el Senado da un mensaje de que el combate a la corrupción no es sólo una promesa.
“Estamos haciendo una demostración de consenso, de diálogo y de responsabilidad, porque hablamos a través del ejercicio de nuestra responsabilidad, de hacer leyes, como esta reglamentaria, que le permitan tener claridad a los mexicanos que va en serio el combate a la corrupción, que no solamente es un discurso de campaña”, manifestó Menchaca.