El cuerpo de José Eugenio Hernández Romero de 14 años estaba semienterrado en un área despoblada de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, en Tamaulipas. Tenía un disparo en la nuca.
La última vez que se le vio con vida fue el 23 de abril de 2018. Su muerte fue parte de la ola de desapariciones y ejecuciones cometidas por la Secretaría de Marina (Semar) ese año, según la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Se trató de un operativo de Estado en el que se criminalizó a los jóvenes. Estaba la idea de que la juventud, cuando es de bajos recursos, está asociada a la participación en actividades ilícitas, esa fue la estrategia para detener, desaparecer y asesinar”, dice Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que acompaña a las familias de las víctimas.
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José Eugenio se unió a la estadística nacional que revela que desde que inició la llamada “guerra contra el narco” los homicidios de niños y jóvenes no se han detenido, al contrario, han crecido a pesar de las estrategias policiales y militares de los gobiernos; y aún con los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2007, con el Ejército a cargo de la estrategia de seguridad, la estadística del INEGI muestra mil 876 homicidios de personas menores de 30 años con arma de fuego. Para 2012 la cifra casi se cuadruplicó. En el sexenio de Felipe Calderón ultimaron a 33 mil 611 con un arma: 15 cada día.
Enrique Peña Nieto
estableció una estrategia similar y, aunque logró un ligero descenso en los homicidios durante 2014 y 2015, durante su administración acumuló 40 mil 214 asesinatos con armas contra este sector: 18 diarios.
López Obrador
llegó a la presidencia en el punto álgido de esa crisis. Como estrategia eje, optó por crear programas sociales para “atender las causas que originan la violencia”, que consisten en dotar de recursos económicos a niños y jóvenes, con la finalidad de que continúen sus estudios o puedan trabajar. Propuso “becarios, no sicarios”.
Pese a ello, en 2019 y 2020 se cruzó el umbral de los 10 mil homicidios cada año. Ejecutaron a 28 niños y jóvenes por días. En estos años, el 40% de las víctimas de homicidios por armas a nivel nacional estaban dentro de ese rango de edad.
El 90.5% de los casos son hombres, aunque también se ha incrementado el uso de armas de fuego contra mujeres. La mayoría de las veces estas muertes ocurren en la vía pública, en lugares sin identificar y en viviendas particulares.
Entre 2007 y 2020 han sido asesinados 94 mil 79 niños, niñas y jóvenes menores de 30 años con un arma de fuego.
En los 14 años analizados para este reportaje, los estados más letales fueron Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Colima y Baja California, con cifras que van desde los 200 hasta los 600 asesinatos por cada 100 mil jóvenes.
Las estadísticas preliminares del INEGI para los primeros seis meses de 2021, muestran seis mil 36 homicidios de niños y jóvenes, 75% por arma de fuego. Aún está pendiente la información del segundo semestre y conocer el impacto real que las armas tuvieron en la vida de personas de 0 a 29 años, según su intervención en accidentes, suicidios y hechos de intención no identificada.
Quitar el semillero
Recientemente, el presidente López Obrador insistió en un descenso en los homicidios, un logro que atribuyó a los Programas del Bienestar, entre ellos las Becas Benito Juárez, que ofrece 2 mil 450 pesos mensuales a estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como J óvenes Construyendo el Futuro (JCF) que da 5 mil 258 pesos y un seguro médico a personas de entre 18 y 29 años de edad.
“De no haber actuado, como lo hicimos desde el principio, con los Programas para el Bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios”, dijo AMLO en su informe 100 días, cuarto año de gobierno.
El mandatario afirmó en febrero pasado, durante su visita a Coahuila, que ceder recursos económicos para estudiar y trabajar “le está quitando el semillero a los grupos de la delincuencia organizada”.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene a cargo las Becas Benito Juárez, dijo a este diario, a través de su área de comunicación social, que “no existe ninguna relación, ya que las becas son para la continuidad de los estudios de los jóvenes y no tiene que ver nada con el tema de violencia”.
Marath Bolaños,
subsecretario de empleo y productividad laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), asegura en entrevista que JCF bajo su cargo sí impacta contra la violencia.
La estrategia es “reenganchar a los jóvenes por el camino de la cultura laboral”, pues la falta de empleo, recalca, es una de las principales causas de la violencia. Sostiene que entre el 40 y el 50% de los beneficiados se colocan en un mejor empleo después de esta experiencia.
La STPS no proporcionó análisis propios que sostengan su dicho, pero compartió el estudio “JCF durante la pandemia” de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que analizó una muestra de 859 beneficiarios durante 2020 y así determinó que cinco de cada 10 jóvenes encontraron trabajo después de ser JCF.
El estudio no especifica si esto se tradujo en un mayor ingreso ni el impacto en la reducción de la violencia. La Oficina de la Presidencia no respondió a la solicitud de entrevista.
Especialistas consultados señalan que los programas sociales no deben ser el único frente abierto para la reducción de la violencia, sobre todo por la presencia cada vez más frecuente de las armas de fuego en esta ecuación.
Romain Le Cour,
coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, explica que en 1997 las armas de fuego solían aparecer apenas en 15% de los homicidios, pero actualmente figuran en el 70% de éstos.
“La violencia en el país no se debe únicamente a la gente más marginada, pobre o con menos oportunidades. Hay muchísimos usos de la violencia en el país que no tiene que ver con condiciones socioeconómicas”, advierte.
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Omar Garía-Ponce,
doctor en ciencias políticas por la Universidad de Nueva York, ha analizado las causas de la violencia. Explica que el incentivo no es estrictamente económico, es también un tema de identidad, de aspiración y de búsqueda de reconocimiento que pasa por alto los riesgos. Historias particulares que se desarrollan en medio de la fragmentación del mundo criminal, su diversificación de actividades ilícitas y la desconfianza creciente no sólo para con la autoridad, sino entre los mismos integrantes de una comunidad.
“En esta administración las cosas no han empeorado mucho, pero no han mejorado, seguimos en máximos históricos de homicidios. Los programas sociales tienen algunas fallas de diseño que nos impiden hacer una evaluación de impacto. No se trata simplemente de emparejar las oportunidades en términos económicos, sino de analizar y entender con mayor profundidad la descomposición social”, recalca.
La violencia que escala
Las balas que entraron en el cuerpo de Tiara tienen un núcleo de plomo y están recubiertas por una camisa de cobre, cada una pesa 3.22 gramos. Un hombre, cargado con una pistola calibre .25, entró a la casa de sus abuelos en Tultitlán, Estado de México, fue a su habitación y le disparó cuatro veces por la espalda.
El peritaje no ahondó en la procedencia del instrumento homicida. “Era un arma hechiza, de las que cualquiera puede comprar. Es impresionante que con un pedazo de cobre hagan una pistola y te terminen la vida. A nosotros nos la terminaron”, dice Irma Gallardo, la abuela de la pequeña.
El homicidio de Tiara, ocurrido en diciembre de 2014, es reflejo de cómo la escalada de violencia ha tenido también un impacto en la vida de niñas y niños. Los datos de mortalidad muestran un incremento en las muertes de menores de 15 años por armas de fuego, son principalmente homicidios; los menos: accidentes, suicidios o causas sin identificar.
En 2007 se registraron 149 defunciones en las que intervino un arma de fuego, la cifra de 2020 muestra 247. Ocurrieron principalmente en la vía pública y, en segundo lugar, en los hogares. Aunque la mayoría de las víctimas son adolescentes, también hay registros de bebés recién nacidos, niñas y niños en la primera infancia que han muerto con armas de fuego.
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En diciembre de 2021 se encontró el cuerpo de un niño de 12 años dentro de su casa en el municipio de La Piedad, en Michoacán; tenía un disparo en el cráneo. Este año, en Morelos, otro pequeño de 10 años, fue asesinado junto a sus padres a balazos. En Puebla, apenas el 12 de marzo pasado, Jorge Luis de 13 esperaba en casa a sus padres, que trabajaban en un negocio de comida cercano, cuando entraron a robar a su domicilio; lo torturaron y le dispararon.
Adrian G. de 12 años murió el 30 de abril pasado en Tepic, Nayarit, a causa de una herida por arma de fuego en el estómago. Un grupo de hombres le disparó afuera de su casa, donde estaba junto a dos familiares de 20 y 25 años. Los adultos resultaron con heridas de bala en cuello y abdomen, pero el único que murió fue él. “Adrián era un niño muy tranquilo, pero muy listo. Desde la primaria puro diploma. Aún lloramos sólo de ver sus fotos”, dice Brenda, su hermana, vía Messenger.
“Se sigue pensando que esto sólo ocurre en el mundo adulto, reflejo de la invisibilidad de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones públicas. En las grandes estrategias para detener la violencia siguen sin ser nombrados”, advierte Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El rol de las armas
Año con año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registra nuevas armas de fuego; sólo en 2021 documentó casi 31 mil. Sin embargo, ninguna autoridad sabe cuántas armas ilegales se mueven en el país ni en manos de quién están.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estimó que entre 2010 y 2020 llegaron 2.5 millones de armas de forma ilícita, un fenómeno que creció cuando Estados Unidos legalizó la venta de armas de asalto, fabricadas a partir de especificaciones militares, en 2004. La organización Small Arms Survey, sin embargo, calculó que había 16.8 millones de armas de fuego en manos de civiles en México, la mayoría ilegales, hasta 2017. Ni la Sedena, encargada de la estrategia de seguridad, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana otorgaron entrevista al cierre de esta publicación.
Las armas se han convertido en el instrumento predilecto para cometer homicidios, pero también han tenido una participación relevante en muertes por operaciones legales y de guerra (513), suicidios (2,207), accidentes (3,166) y casos de intención no determinada (4,182) para las personas menores de 30 años. Asimismo, tienen un rol importante en las lesiones.
Crédito: Arturo Villeda
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Leonardo fumaba un cigarro con su pareja en la Avenida Venustiano Carranza, en el centro de San Luis Potosí. Vio de reojo que un hombre se acercaba a ellos, traía una pistola que parecía de juguete e intentó asaltarlos. Aquella noche lluviosa del 20 de mayo de 2018 recibió un disparo en el cuello que le provocó una lesión en la médula espinal. Tenía 28 años.
Su vida se transformó. La bala le provocó una cuadriplejia: una lesión que se traduce en la parálisis del tronco, la zona pélvica y las extremidades. “Pasé de ser emprendedor a regresar a casa de mis padres, estar en cama, necesitar terapias diarias y el gasto… No te imaginas la vida después de una lesión así”, dice el joven que ahora fabrica y distribuye productos para personas con discapacidad.
En 2007, la Secretaría de Salud registró 2 mil 279 egresos hospitalarios de personas menores a 30 años que tuvieron alguna lesión con arma de fuego; para 2021, el sistema registró 3 mil 421.
Marcelo Ebrard, titular de la SRE, mencionó durante la conferencia matutina del 21 de diciembre pasado: “Si nosotros no reducimos la disponibilidad de armas, es imposible reducir la violencia. A mayor disponibilidad, vas a tener mayor número de homicidios y más violencia”.
En esa línea, el Canciller encabezó una demanda en una Corte en Massachusetts en Estados Unidos, en contra de 11 productores estadounidenses de armas a quienes el gobierno mexicano reclama que las prácticas de fabricación y venta favorecen el uso de armas en México vinculado a la violencia.
“La demanda es un pronunciamiento que marcará la agenda bilateral México-EU, lo que queremos es que el tema de las armas se vuelva una discusión central interna en materia de seguridad”, señala Cecilia Farfán, cofundadora del Mexico Violence Resource Project, una de las especialistas que respaldó al gobierno en la demanda.
Le Cour insiste que, más allá de la entrega de apoyos económicos, se requiere compromiso desde el legislativo hasta Gobernación y las dependencias encargadas de seguridad para “desarmar al país”, porque, advierte, “si logramos parar el flujo de armas que entran a México, todavía tendremos un problema al interior”.
Datos e infografía: Samuel Aguilar y Fermín García
Animación: Arturo Villeda
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