Con 231 denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México y 699 quejas interpuestas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), es decir, 930 recursos, los más de 3 mil 800 candidatos de los 11 partidos políticos que aparecerán en las boletas llegan a las urnas donde los capitalinos elegirán 16 alcaldes, 160 concejales y 66 diputados locales.
Las denuncias penales van desde el retiro de propaganda electoral, coacción del voto y reparto de despensas, y en el caso de las quejas electorales, éstas van desde la promoción personalizada y el uso indebido de programas sociales; y en el periodo de campañas, calumnia y retiro de propaganda. En ambas instituciones se han promovido recursos por violencia política de género.
En cinco meses, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), ha recibido un total de 231 denuncias durante este proceso, y de ellas, 45 están relacionadas con la violencia de género hacia candidatas.
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Las abanderadas han acusado desde el retiro de su propaganda hasta amenazas, e incluso, que en alguno de sus eventos observaron a gente presuntamente armada o que se realizaron aparentemente disparos en alguno de sus actos. A decir de la autoridad, todos los casos son investigados, aunque de momento, ni uno sólo ha sido concluyente.
Las alcaldías con más denuncias ante la fiscalía especializada son Miguel Hidalgo, Tláhuac, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Coyoacán. En estas demarcaciones los delitos denunciados van desde el retiro de propaganda, la violencia política en razón de género, la coacción del voto, el reparto de despensas y acciones como el mapacheo, dejando en claro la institución —al menos aquí—, que no se han recibido quejas o denuncias del involucramiento de la delincuencia organizada en el proceso electoral.
Sin embargo, Alma Elena Sarayth de León Cardona, fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, expone que las denuncias tienen “poco efecto”, pues estas inconformidades son momentáneas y luego de que pasan las elecciones quedan en el olvido por parte de los querellantes, es decir, no les dan seguimiento.
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“El destino final tendría que ser con una sanción, todo mundo aspira a que la comisión de un delito no quede impune. Pero en este periodo de campaña hemos notado, incluso, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia hizo un llamado al respecto, que los actores políticos usan a las instituciones hasta como una forma de posicionamiento político, porque eso te da una nota. Pero sus denuncias a veces no tienen ese carácter sustancial, entonces es muy difícil articular una denuncia más consistente o más sólida.
“La investigación de los delitos electorales sigue los mismos tiempos y caminos que cualquier otro delito. No es como en la materia jurisdiccional que tienes un plazo determinado en la ley sobre cuándo tienes que concluir la resolución de las impugnaciones en esa materia o contra los resultados electorales. La investigación de los delitos continúa. No hay ninguna referencia en la Ciudad, y son pocas en otras fiscalías, de que hayan llegado siquiera a una etapa de judicialización. Eso es: tengo los elementos suficientes para tocar la puerta judicial y que un juez me permita plantearles ese asunto”, explicó Alma Elena en entrevista con EL UNIVERSAL.
Así, la funcionaria detalló que, por ejemplo, el retiro de propaganda, el que se despinten bardas previamente usadas por candidatos o partidos políticos, algunas declaraciones en eventos públicos y este tipo de incidencias —que son la mayoría de las denuncias— en la realidad no proceden legalmente, pues en estos rubros no hay delitos que perseguir, mientras que en otros casos donde se acusa agresión, donde hay violencia física, así como otro tipo de vejaciones, la fiscalía que ella encabeza queda de lado, pues no le compete.
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“Ahora, estas otras conductas, como amenazas o lesiones, ciertamente se suscitan en el contexto del proceso electoral, pero no son delitos electorales en sí mismos. Son delitos concurrentes, que van emparejados con el desarrollo de los procesos electorales, a la dinámica de las campañas.
“Por ejemplo, el retiro de propaganda o la destrucción de la propaganda tampoco son delitos electorales. Sí las recibimos, porque podría acreditar la propiedad de la propaganda y clasificarlos como daño a la propiedad, es algo muy complejo y donde hace falta mucho conocimiento”, sentenció la fiscal electoral.
Suman 699 quejas en el IECM
Del 10 de septiembre pasado que inició la jornada electoral, que concluye este domingo, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IECM y que preside el consejero Bernardo Valle Monroy, inició 178 procedimientos especiales sancionadores: 33 en 2020 y 145 este año.
Precisó la comisión que en el periodo previo al inicio de las campañas, es decir, del 10 de septiembre al 4 de abril pasados, recibieron 240 quejas y denuncias. Empero, una vez iniciadas las campañas —del 4 de abril al 2 de junio— registraron 459 quejas y denuncias
Además, los partidos políticos que han sido los principales demandados son: Morena y PAN, pero paradójicamente los principales demandantes son ellos mismos, aunque ambos van en coalición o bloque en la mayoría de los cargos en disputa con otros instituto políticos.
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De acuerdo con el informe estadístico de quejas y denuncias de la citada comisión del IECM, previo a iniciar la jornada de votaciones, recibió un total de 699 inconformidades de la ciudadanía, partidos políticos y candidatos.
Entre estas demandas destacan dos contra el Presidente de la República, seis contra la jefa de Gobierno, 58 funcionarios de alcaldías, 51 diputados locales y 16 contra partidos políticos, entre muchas otras.
De acuerdo con el reporte de dicha comisión, los principales hechos denunciados previo al inicio de las campañas fueron: actos anticipados de precampaña y campaña; promoción personalizada; uso indebido de programas sociales, y durante el periodo de campañas: incumplimiento en las reglas de colocación de propaganda, calumnia y retiro indebido de propaganda.
Esta comisión reveló que los principales promoventes de las quejas y denuncias son ciudadanos, seguido de partidos políticos y candidatos.
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Entre la numeralia detalló que en actos anticipados de precampaña y campaña fueron presentadas 122 quejas; 160 por promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos; nueve por uso indebido de programas sociales, y hasta 61 por violencia política de género, por lo que de las 699 quejas se iniciaron 178 procedimientos especiales sancionadores.
Además, el mayor número de presuntas irregularidades han ocurrido en la alcaldía de Miguel Hidalgo, con 61 casos; 59 en Álvaro Obregón; 48 en Xochimilco; 34 en Tlalpan; 27 en Cuauhtémoc; 25 en Cuajimalpa; 24 en Tláhuac, y 17 en la Ciudad de México en general.
La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas aclaró que toda esta numeralia es resultado de 43 sesiones que se llevaron a cabo desde el 10 de septiembre pasado a la fecha, aunque 23 de ellas las realizaron tan sólo el pasado mes de mayo, sobre todo para emitir acuerdos referentes al proceso electoral. Bajo este panorama, se llevará a cabo la elección en la Ciudad de México.