Chilpancingo, Gro.— En Guerrero, los pueblos no son la base social de las organizaciones criminales, son más bien víctimas de amenazas, de la violencia y del abandono del Estado, dice el director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Los pueblos no tienen simpatías con las organizaciones criminales, más bien padecen de su presencia porque son asediados, presionados y amenazados”, precisa.
El 10 de julio, unos 3 mil pobladores de las comunidades de Chilpancingo, Chilapa, Quechultenango, Mochitlán, José Joaquiín Herrera y Acatepec fueron movilizados para irrumpir en la capital de Guerrero. Lo hicieron por la fuerza, primero rompieron el cerco que instalaron la Policía Estatal y la Guardia Nacional (GN), capturaron un vehículo blindado, retuvieron a 13 policías, soldados y funcionarios, y después derribaron la puerta del Congreso local y del edificio del Poder Ejecutivo.
Los manifestantes aseguraron que su arribo fue para pedir la construcción de caminos y carreteras para sus pueblos.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la movilización fue promovida por la organización criminal de Los Ardillos. Dijo que muchos asistieron amenazados y pidió a los pobladores no dejarse manipular.
Al respecto, el director de Tlachinollan expone que las organizaciones criminales, ante la ausencia del Estado, se convirtieron en un fuerza que “amedrenta, presiona, intimida, amenaza, coopta y que se impone a las comunidades”.
¿En Guerrero, las organizaciones criminales sí tienen una base social?, se cuestionó.
“Yo pienso que no son una base social en un sentido positivo, más bien padecen la presión y el hostigamiento del crimen. Incluso [los grupos criminales] han influido en la decisión de sus autoridades, como los comisarios municipales, ejidales y hacen un trabajo de cooptación política para ejercer presión y buscar influir en la administración municipal, sobre todo. El crimen está llenando los vacíos que están dejando los gobiernos municipales, y la manifestación en Chilpancingo es ejemplo de la presión férrea que ejercen en los pueblos y esto está resquebrajando la vida comunitaria.
—¿No es peligroso que desde el poder se diga que los pueblos son la base social del crimen?, ¿no es estigmatizarlos, criminalizarlos?, se preguntó.
“Se está viendo como que las comunidades son pasivas, manipulables. Más bien son víctimas de un aparato criminal que se ha incrustado en el aparato oficial que está utilizando banderas políticas, discursos políticos, liderazgos comunitarios para una causa criminal, pero el asunto central es que el Estado y las instituciones están fallando porque están permitiendo que los partidos políticos sean utilizados como ventanas del crimen y, por lo tanto, están apareciendo en las comunidades como si fueran actores políticos. Las comunidades no están en ese plano de base social, más bien es la falla del Estado que está permitiendo que el crimen se incruste en ayuntamientos, en las policías, en el Congreso.
Barrera Hernández alertó que en el caso de Guerrero a las organizaciones criminales se les están dando las “facilidades para incrustarse en el poder político” y eso es parte de la descomposición política que se vive en la entidad.
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