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El Ejército Mexicano reforzará el equipo de la Policía Militar con la adquisición de 2.8 millones de bombas lacrimógenas, por un monto de 325 millones de pesos, para operaciones de seguridad pública y seguridad nacional.
Se trata de un millón 445 mil 400 proyectiles 5% (capsaicina II) calibre .68 y otro millón 445 mil 400 proyectiles con capacidad de 2.5%. El total es de 2 millones 890 mil 800 de este armamento considerado menos letal.
Los proyectiles de gas lacrimógeno deberán tener hidróxido de aluminio a 60%-80%, almidón/polvos combustibles a 10%-30%, talco, oleorresina de capsicum, carbón negro y una durabilidad de tres a cinco años, según la licitación que lanzó en noviembre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La dependencia castrense al mando del general Luis Cresencio Sandoval González otorgó ayer la licitación LA-007000 999-E818-2022 para la compra de este armamento y agentes químicos a la empresa estadounidense International Businnes Group, LLC, por un monto de 13 millones 27 mil 411 dólares (alrededor de 254 millones de pesos), así como a la compañía Soluciones Militares y Tácticas Superior, S.A. de C.V., por un total de 71 millones 112 mil 895 pesos.
La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que se adquirirá armamento menos letal y proyectiles químicos para la Policía Militar, que los utilizará como apoyo en las tareas de seguridad pública, equipamiento y obra pública del mencionado cuerpo de seguridad para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional.
Lo anunció EL UNIVERSAL
En octubre pasado, El Gran Diario de México adelantó que el Ejército Mexicano buscaba comprar este tipo de armamento, además de 70 mil proyectiles de gas (CD) de corto y largo alcance, de calibre 40 mm, así como 23 mil 864 proyectiles de humo blanco, 293 mil 750 municiones de marcaje líquido amarillo y 293 mil 750 mil municiones de marcaje líquido verde.
Como su nombre lo indica, cuando estos proyectiles son disparados expiden una pintura para manchar la ropa y en algunos países se utiliza esto para identificar a personas que hayan participado en disturbios o manifestaciones.
Con información de Pedro Villa y Caña
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