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Arsenia Moreno siente que la pandemia la ha puesto en el último lugar de la fila para acceder a la justicia, pues desde 2019 ella busca que castiguen al presunto feminicida de su hija, Marlene Fernanda, pero ahora su caso quedó paralizado, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial de Querétaro no están trabajando de manera regular.
Para Arsenia estos dos meses de cuarentena no han sido sencillos: ella acostumbraba ir, al menos una vez a la semana, a la Fiscalía de Querétaro para darle seguimiento a la investigación, pero el Covid-19 ya se lo impide, además de que el juez que lleva el caso no le ha dado una fecha para su próxima audiencia.
“Todo se ha ido retrasando. Yo no puedo ir a pedir información ni nada porque la fiscalía sólo está atendiendo casos recientes. Para esta fecha ya debería tener algo respecto al asesino de mi hija”, lamenta.
Las familias de las víctimas no son las únicas testigos de cómo el acceso a la justicia se ha frenado en México: también lo hacen los abogados expertos en el tema.
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“La procuración e impartición de justicia no han cumplido con lo necesario para continuar operando durante la pandemia por coronavirus. Las fiscalías de muchos estados interrumpieron sus actividades, estableciendo guardias con poco personal para dar continuidad sólo a las situaciones urgentes, lo que paralizó las investigaciones que se realizan.
“Los poderes judiciales de los estados, en la mayor parte de los casos, ni siquiera establecieron guardias, sino que suspendieron totalmente sus actividades, manteniendo solamente aquellas de carácter urgente”, comenta Carlos Olvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Todo esto ocurre en medio de un aumento en la violencia contra las mujeres: el pasado abril de 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fue el mes más cruento para este sector desde 2015 en términos de homicidios dolosos, ya que se registraron 267.
En el mismo mes ellas hicieron 60 mil 543 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia familiar, número que es el mecanismo que el gobierno federal ha promovido para que pidan ayuda si son vulneradas en algún momento de la pandemia.
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Por otro lado, Araceli Ávila también da testimonio de cómo el acceso a la justicia para las mujeres, y quizá para muchas más personas, se ha estancado. Ella pelea para que castiguen al asesinato de su hija, Zaira Karina, quien perdió la vida en 2017, supuestamente a manos de su esposo.
“Todo está parado por el Covid-19. Nosotros cada 20 días teníamos audiencias y ya sólo faltaba escuchar a dos testigos de él [el acusado] y dos de nosotros para ver si nos otorgaban la pena máxima, porque asesinó a mi hija con toda la ventaja y todo el odio hacia la mujer”, comparte Araceli.
El camino que ella ha recorrido para que sentencien al supuesto agresor de Zaira no ha sido sencillo: antes de la pandemia batalló porque su caso había sido clasificado como un suicidio, pero tras un año de conseguir pruebas, logró la determinación de feminicidio.
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Irinea Buendía, mamá de Mariana Lima, es otro ejemplo de cómo la justicia es casi inalcanzable en México, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria. Ella, que lleva 10 años pidiendo un castigo para el policía judicial que mató a su hija, no ha tenido una audiencia desde el 20 de febrero, cuando originalmente podía tener hasta una al mes.
“Sí nos afectó, porque nosotros ya estábamos a punto de terminar el proceso. Pensábamos que para fin de año íbamos a tener una sentencia, pero nos quedamos con las manos vacías. No sabemos qué pasará, no nos han explicado nada”, expresa Irinea.
