Más Información
“Voy a matar a tu hermano, ¿cómo quieres que te lo entregue: en pedacitos o de tal forma que lo reconozcas?”, esas fueron las palabras que soltó José Flores Nicolás el día que intentó matar a su hijo, Pavel Flores, un joven de 22 años, integrante de la comunidad LGTBQ+ radicado en el poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos.
En entrevista para EL UNIVERSAL, Pavel relató que fue a mediados de julio cuando estaba colocando una cámara en su casa cuando su papá lo abordó en estado inconveniente y, tras una discusión, le dijo “que bueno que están matando putos”.
Ese mismo día, cerca de las seis de la tarde, Pavel recibió una llamada telefónica que lo hizo ir a casa de su hermana para recogerla a ella y a su mamá, pues José Flores Nicolás, en compañía de otros familiares, acudió al domicilio para amedrentarlas, por lo que a su llegada se intensificaron los insultos y las amenazas, al punto que uno de sus tíos paternos sacó un arma de fuego.
Tras ello y luego de varias discusiones entre Pavel, su abuela y sus tíos, José Flores Nicolás sacó un cuchillo con el que alcanzó a herir a Pavel en la pierna izquierda, pero para su fortuna después de eso cayó al suelo, lo que impidió que el intento de asesinato fuera consumado.
Momentos más tarde, cuando la policía municipal arribó al lugar de los hechos, Pavel vio a su papá saliendo de casa de su abuela, a no más de tres cuadras del domicilio de su hermana, por lo que manifestó a los uniformados que él era quien lo había agraviado, pero los policías hicieron caso omiso y no lo detuvieron.
No fue sino hasta horas más tarde que, luego de presentar la denuncia en la fiscalía municipal, las autoridades dictaron medidas precautorias para Pavel, las cuales únicamente contemplan, hasta la fecha, la implementación de un botón de pánico, mismo que consiste en presionarlo cuando se encuentre en una situación de peligro, el cual avisará a las autoridades para arribar hasta su domicilio.
A poco más de un mes de la tentativa de homicidio, Pavel dice que en aquel momento sólo pensó en su hermana y su mamá, en lo que ellas harían. “Después vino una reflexión más profunda: pensar en cómo era posible que mi propio padre, mi sangre, me había intentado matar”, contó.
A la fecha, Pavel confiesa que tiene miedo de José Flores Nicolás y de su familia directa, pues vive en un pueblo pequeño en donde todos se conocen. “La gente me ha dicho que ha visto a mi papá visitando a mis tías como si nada y yo no puedo salir a la tienda, ir a la escuela ni realizar mis actividades con la seguridad de que nada malo me va a pasar”, comentó.
Lee también Reforma judicial: Fiscalías amenazan a los 43 senadores de oposición, denuncia Marko Cortés
Finalmente, Pavel dice que confía en el trabajo de investigación de la Fiscalía, y aunque el caso se encuentra estancado, pues sólo se ha girado la orden de investigación, espera que se haga justicia y se logre el esclarecimiento de los hechos. “Estoy seguro de que no busco ni quiero una reconciliación, porque si mi papá intentó matarme una vez, ¿quién me asegura que no puede intentarlo otra vez?”, mencionó.
“Pienso que va contra la naturaleza tener que denunciar a tu propio padre por intentar matarte, y aunque sé que no soy el único que está pasando por esta situación, digo a quienes están atravesando por lo mismo que alcen la voz, ni siquiera en casa se deben permitir actos de violencia y discriminación, pues primero está la integridad de uno mismo y luego la familia”, dijo.
Juventudes LGBTQ+ propensas al suicidio, la depresión y la ansiedad
Pavel es una de las personas que por su identidad de género u orientación sexual es rechazada por su familia, lo que ha devenido en agresiones verbales, físicas y en un intento de asesinato de parte de su padre.
Y es que según la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México, realizada por The Trevor Project México, 34% de las personas jóvenes LGBTQ+ en México reportaron ser discriminadas por su orientación sexual durante el año pasado, siendo el 59% de las expresiones registradas en el hogar o la familia, mientras que el 53% fue ejercida en el hogar o por algún familiar.
Además, el análisis reveló un dato alarmante: el 57% de las personas jóvenes LGBTQ+ de 13 a 17 años consideraron suicidarse el año pasado, en comparación con el 46% de las personas jóvenes de 18 a 24 años.
Lee también Viruela del mono: Notifican probable caso de Mpox en Oaxaca; envían muestra al Indre
Asimismo, el informe también arrojó que 58% de las juventudes LGBTQ+ reportaron síntomas de depresión, 53% síntomas de ansiedad y 75% afirmó haberse autolesionado alguna vez.
No obstante, pese a la vida de violencia y discriminación de la que ha sido víctima, Pavel, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), afirmó que nunca ha sentido la necesidad de autolesionarse para encontrar alivio a sus problemas y tampoco ha tenido pensamientos suicidas. “Me percibo a mí mismo como una persona enfocada que, por encima de mis problemas, mis hermanas y mi mamá son la única razón que me motivan a seguir adelante, así que no, nunca los he tenido”, declaró.
Normalización de la violencia en el entorno familiar
Con base en las cifras y de acuerdo con Erika Barrera, directora de Servicios Digitales de Atención a Crisis en The Trevor Project México, la problemática puede atribuirse al conservacionismo y la religiosidad que continúa permeando muchos hogares en México, por lo que se debe cuestionar las creencias para comenzar a generar cambios.
“Muchas veces estas violencias y microviolencias se generan por ideas que han sido transmitidas de generación en generación y tienen que ver con una sociedad muy conservadora, una sociedad muy regida por la religión, por estas ideas arcaicas de lo que debe ser un hombre y una mujer (...) Hay que cuestionar nuestras creencias y todo lo que nos han enseñado desde el día que nacimos, nuestras tradiciones y a partir de ahí hacer cambios”, señaló.
Consultada por este diario, Barrera enfatizó que la inconsciencia de que el núcleo familiar funge como un factor de riesgo para las juventudes LGBTQ+ se debe a que existe una normalización de la violencia y acusó que existen intereses que buscan mantener estos discursos de odio para lucrar con el “bienestar” de las personas de la diversidad sexual, lo que en muchas de las ocasiones deviene en terapias de conversión.
“Tenemos muy normalizada la violencia desafortunadamente, siempre creemos que la familia es aquella que siempre procura lo mejor para nosotrxs y muchas veces la intención está ahí, pero está muy mal ejecutada (...) Si yo como padre o madre de familia escucho a un ‘profesional de la salud’ que me dice esto es lo mejor para tu hijx, yo no lo cuestiono, yo voy a seguir esa recomendación, pero hay médicos y psicólogos que no tienen la especialidad para trabajar con temas que atraviesan a las personas de la comunidad y terminan haciendo más daño que beneficio”, indicó.
Lee también Movimiento antirreforma pone lupa a 43 senadores
Por otro lado, Barrera explicó que existen consecuencias que se originan a raíz de la discriminación que las juventudes LGBTQ+ sufren por parte de su familia, como la depresión, la ansiedad y en muchos de los casos el suicidio.
“58% de personas LGBTQ+ presentó síntomas de depresión y 53% de ansiedad y no son patologías leves, aunque sean comunes de escuchar no es que sean poca cosa, pues generan una disfuncionalidad muy grave en la vida de la persona. Sabemos también que 75% de las personas LGBTQ+ reportó haberse autolesionado alguna vez, lo cual es un acto que implica un espectro que va desde la ideación de la muerte, la planeación de esta y que concluye en un intento de suicidio”, mencionó.
En ese sentido, Barrera precisó que se debe empezar a visibilizar las implicaciones que tiene para las juventudes LGBTQ+ no contar con un hogar afirmativo para hacer eco y dar voz a aquellos que tienen que luchar día a día porque se respeten sus derechos humanos.
“El propósito de esta encuesta no es nada más medir lo que está pasando (...) Si nosotros tenemos acceso a estas encuestas es nuestra responsabilidad hacer eco, replicarla, mencionarla y ponerla sobre la mesa en conversaciones cotidianas para que llegue a oídos que quizá puedan generar un cambio más grande, masivo”, puntualizó.
Finalmente, Barrera apuntó que para comenzar a generar cambios significativos en materia legislativa se deben unir fuerzas con la sociedad y organizaciones civiles para tener una voz más fuerte que propicie cambios a nivel social y legislativo que garantice el respeto a los derechos de las juventudes LGBTQ+.
“Tenemos que unirnos como sociedad, como organizaciones civiles, para trabajar en colaboración y alcanzar metas que propicien un impacto a nivel social y que sean permanentes, donde realmente se ejerza justicia y haya personas que enfrenten las consecuencias en caso de que se atente contra la vida de las juventudes o de cualquier persona de la comunidad LGBTQ+”, concluyó.
Marco judicial y mecanismos de investigación débiles dificultan la procuración de justicia
En entrevista con EL UNIVERSAL, Christopher Sánchez Islas, coordinador del Área de Defensa Integral de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), explicó que si bien existe una tipificación que sanciona el homicidio o la tentativa de homicidio en razón de parentesco, no existe una figura judicial que contemple el agravante por odio en razón de identidad o expresión de género u orientación sexual en delitos perpetrados por familiares directos.
Aunado a ello, Sánchez Islas subrayó que en los casos donde los homicidios o tentativas de homicidios contra las personas LGBTQ+ son perpetrados por familiares directos existe una falta de estudio desde una perspectiva de género y de diversidad sexual en las investigaciones.
“En estos casos no se estudian, por parte de las fiscalías, las razones, los contextos por violencia que sufre la persona de la comunidad LGBTQ+, en razón de eso, se le da tratamiento de una investigación por razones de homicidio en razón de parentesco, pero realmente no se visibiliza que existe una problemática sistemática en contra de las personas LGBTQ+”, expresó.
En ese sentido, Sánchez Islas sostuvo que la invisibilización de estas violencias en el ámbito de las fiscalías y en el Poder Judicial radica en una problemática tanto cultural como normativa que tiende a entorpecer las investigaciones en delitos cometidos contra la comunidad LGBTQ+.
Lee también Conoce las estrategias de seguridad del Ejército
“En el ámbito cultural hay contextos de homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, etc. interiorizados en la instituciones, a final de cuentas las personas que forman parte del servicio público son personas y necesitan procesos de deconstrucción. Con respecto a lo normativo, en las investigaciones sobre violencia por prejuicio contra personas LGBTQ+, muchas veces las fiscalías no tienen una pauta específica para poder hacer investigaciones con perspectiva de diversidad sexual”, manifestó.
De modo que, al no contar con un protocolo para la investigación de delitos cometidos contra las personas LGBTQ+, los impartidores de justicia no alcanzan a dimensionar las violencias por prejuicio que viven las personas de la comunidad y ello, sumado a los estereotipos y prejuicios de género y de diversidad sexual, terminan por nunca esclarecer los hechos de los delitos cometidos contra personas LGBTQ+.
En ese tenor, Sánchez Islas consideró que para empezar a resolver la problemática las fiscalías deben contemplar la instauración de este protocolo para homologar las investigaciones en las entidades federativas y, en lo que atañe al Poder Judicial, implementar la aplicación de un protocolo con perspectiva LGBTQ+, pues los jueces y las juezas deben interiorizar este protocolo para poder visibilizar los contextos de violencia por prejuicio.
Finalmente, Sánchez Islas remarcó que se deben visibilizar los contextos de violencia que viven las personas LGBTQ+ para, en razón de ello, utilizar todos los aparatos y medios del Estado, así como también de las organizaciones civiles para visibilizar la problemática.
Lee también “Si no es el mejor, AMLO está entre los mejores presidentes de México”, asegura Claudia Sheinbaum
“No solamente necesitamos la tipificación de nuevos delitos en los códigos penales, pues esto debe ir acompañado de que las fiscalías puedan y tengan las capacidades para hacer las investigaciones”, apuntaló.
uul/apr
