Es un procedimiento que realizan las cámaras del Congreso de la Unión cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales , o el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Los motivos para ser enjuiciados pueden ser el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno; violaciones a los derechos humanos; ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales.
Si hay condena del Poder Legislativo se sancionará al servidor con la destitución y se le podrá inhabilitar desde un año hasta 20.