Al conmemorarse este miércoles 56 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, el comité pro libertades del movimiento hizo un llamado a la administración entrante, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, que sea consecuente con sus dichos y rompa pactos de impunidad.
En ese sentido, en el marco de la coyuntura actual por la reforma judicial, consideraron que es insuficiente, que no se traduce en acceso expedito a la justicia para todos.
Destacaron que lo importante es transformar a las fiscalías, ministerios públicos, al sistema penitenciario, reforzar y modernizar la defensoría de oficio, así como garantizar el debido proceso, poner fin a la impunidad y corrupción que hoy prevalecen.
“No está demás insistir en la importancia de mantener la independencia judicial y el estado de derecho democrático como pilar de un estado soberano”, aseguró el comité de 1968.
“56 años del genocidio perpetrado en contra del Movimiento Estudiantil y Popular de 1968, sostenemos la lucha por las libertades democráticas, de manera enfática por el acceso a la justicia en los casos del 2 de octubre, del 10 de junio de 1971 y el periodo de contrainsurgencia denominado guerra sucia. Es importante señalar que estos casos se encuentran abiertos y activos ante la Fiscalía General de la República”, expresó el movimiento.
Recalcaron que al ser delitos de lesa humanidad no prescriben y en fechas recientes, les notificaron que la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), retomó el cauce de las investigaciones.
“Es nuestra exigencia que el proceso continúe abierto, de manera diligente, sin dilaciones ni simulaciones que puedan entorpecer dicho proceso, y se garantice el fin de la impunidad de la que han gozado los represores del pueblo”, denunciaron.
Además, ante el cierre de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH), señalaron la necesidad que todo hallazgo o evidencia derivada de esta iniciativa y las anteriores sean judicializadas conforme a derecho.
Asimismo, que el informe general exprese una narrativa institucional, responsable y coordinada, que dignifique a las luchadoras y luchadores sociales, así como a sus familias.
“Creemos que los objetivos de CoVEH aún no se han alcanzado, a pesar de los esfuerzos y la participación de los colectivos de víctimas en este proceso. Reiteramos que el Estado mexicano es el responsable de garantizar el derecho al acceso a la verdad y a la justicia de manera plena, pronta, expedita, transparente y abierta. Sin embargo, es la impunidad sostenida por décadas y en diferentes gobiernos, lo que mantiene vigente nuestra lucha”, afirmaron.
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