Por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes aprobaron el proyecto de reforma a la Constitución Política en materia de vías ferroviarias.
El dictamen propone modificar el artículo 28 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional y reconocer el transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional.
De acuerdo con la iniciativa, el nuevo criterio propuesto por el Ejecutivo Federal “atenderá las crecientes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, garantizando a los mexicanos un medio de transporte seguro, eficaz, sustentable, sostenible y competitivo”.
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Con esta reforma constitucional, el Estado mexicano plantea retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias, que son de la nación, y así poder otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para llevar a cabo el impulso e implementación del servicio público de transporte de pasajeros.
Se busca aprovechar los 18 mil 032 kilómetros de vías principales de carga que ya existen para utilizarlas también en el servicio de pasajeros.
“El tren de pasajeros ofrece una solución integral a la problemática de movilidad, al reducir tiempos de recorrido y ofrecer mayor seguridad. Representa una alternativa de largo itinerario para, al menos, un 30% de los usuarios que se transportan por carretera”, enfatizó el Ejecutivo en su iniciativa.
En la sesión de comisiones, Laura Estrada Mauro, de Morena, expresó que con la propuesta no sólo se activarán las vías férreas para el regreso de los trenes de pasajeros, sino para restaurar la autonomía nacional y revertir la privatización impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, es decir, se le regresa al pueblo el transporte ferroviario, como pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país.
Por Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón consideró que la reforma impulsa la movilidad y contribuye al desarrollo de las diversas regiones.
Pero, agregó, el nuevo gobierno debe conducirse con legalidad y transparencia en la construcción de los proyectos ferroviarios de gran calado.
La priista Carolina Viggiano Austria dijo que su grupo parlamentario respalda la reforma constitucional, pero subrayó que vigilará los impactos y viabilidad técnica y financiera de los futuros proyectos ferroviarios, para que “no suceda lo que sucedió con el Tren Maya, el cual no tuvo transparencia, incrementó sus costos y no ha logrado sus metas de rentabilidad”.
Del Partido Verde, Luis Alfonso Silva Romo consideró que las vías férreas son parte esencial de las “venas” que unen al país, pero lamentó que el servicio de transporte por ese medio se haya privatizado por personas que dejaron de ver al pueblo como “tenedor de derechos” para verlo únicamente como “parte del mercado”, con lo que se perdieron los beneficios del uso del ferrocarril.
Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, subrayó que después de la regresión histórica que enfrentó el sistema ferroviario en el sexenio de Ernesto Zedillo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó el desarrollo del sur-sureste con el Tren Maya, pero con este proyecto impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum “estamos ante el umbral de hacer de México una potencia económica”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, destacó que la infraestructura ferroviaria de nuestro país, con más de 27 mil kilómetros de vías, representa un gran potencial para descongestionar las carreteras, ofrecer un medio de transporte más seguro y sostenible.
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