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Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado, aprobaron por unanimidad de 33 votos la reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la vivienda adecuada para personas trabajadoras y convierte al Infonavit en constructor y arrendador, pues le permite comprar suelo, construir vivienda y rentarla a trabajadores.
La minuta avalada, que reforma el artículo 123 de la Constitución, establece que el fondo constituido con aportaciones patronales, que es administrado por el Infonavit y que permite a los trabajadores acceder a créditos para adquirir vivienda, será utilizado para construir complejos habitacionales.
“El fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley”, señala el documento.
La reforma establece que se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley secundaria contemplará “mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho”.
La senadora Andrés Chávez de Morena destacó que esta reforma significa seguridad en la tenencia de una vivienda, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad en el costo de la vivienda, habitabilidad con espacios suficientes, accesibilidad para personas con discapacidad y ubicación, que permita el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios.
Subrayó que la reforma da prioridad a las y los trabajadores que aún no cuentan con una propiedad. “Nuestro compromiso se materializa por el derecho a la vivienda digna, equipada y a precio justo” destacó.
El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada votará en el Pleno a favor de esta reforma, pero advirtió que el gobierno debe aclarar y definir de dónde obtendrá los recursos que se requieren para poner en práctica estos cambios constitucionales, pues sería una irresponsabilidad gastar más dinero del que ingresa a las arcas.
“¿Dónde está nuestra preocupación?, primero en el tema de la deuda, se ha hablado de que se va a reducir el déficit fiscal a la mitad de seis puntos a tres puntos del PIB. Nada más tomen en cuenta que eso implica que el gobierno reciba en lugar de 2 billones de pesos, 1 billón de pesos”, resaltó.
Dijo que la segunda preocupación es respecto al IVA y al impuesto sobre la renta, “si se nos desacelera la economía, como ya está ocurriendo, y en lugar de crecer 2.5 crecemos 1.5, se nos abre otro boquete de entre 70 y 90 mil millones de pesos”.
Ricardo Anaya alertó que en el sexenio pasado, Petróleos Mexicanos, solo en Pemex Refinación, perdió alrededor de 960 mil millones de pesos, es decir, otro billón de pesos.
“¿Qué trato de decir?, estamos a favor por supuesto (de esta reforma). Seamos responsables, porque para poder fondear este gasto se van a requerir ingresos y hay claramente tres enormes focos rojos de los que en su momento nos tendremos que hacer cargo”, advirtió.
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mahc
