José Luis Caballero Ochoa, recién designado comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte que América Latina vive un periodo delicado y complejo en el que existen intentos de debilitar la democracia y los derechos humanos, desde muchos espacios de poder.
En entrevista con EL UNIVERSAL,, el académico de la Universidad Iberoamericana adelanta que uno de sus objetivos durante su encargo de dos años en el organismo, es avanzar en la creación de una relatoría sobre independencia judicial.
Caballero Ochoa considera que hay un debilitamiento institucional en los sistemas de justicia, y del eje transparencia-rendición de cuentas- política anticorrupción.
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“El desmantelamiento del eje transparencia-rendición de cuentas- política anticorrupción; la discriminación y la violencia contra personas históricamente excluidas; el uso desproporcionado de la fuerza pública; la violencia inaudita contra las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, o el quebrantamiento del equilibrio entre los poderes públicos”, indica.
Caballero Ochoa afirma que uno de los retos de la CIDH en los próximos años, es profundizar el avance y eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de la mano de la relatoría especial en la materia.
- En un momento de renovación en más de la mitad de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿Cuál es la mirada que se necesita para fortalecer el sistema interamericano de DH?
La CIDH tiene un mandato riguroso: la promoción y defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Se encuentra establecido en su reglamento y deviene de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, y a sus 64 años de trayectoria, la Comisión debe continuar el fortalecimiento del sistema Interamericano mediante la generación de jurisprudencia y estándares interamericanos para garantizar derechos y reparar a las víctimas que ya han agotado todas las instancias nacionales en búsqueda de justicia.
En este sentido, me parece primordial fortalecer una interpretación evolutiva del derecho internacional de los derechos humanos técnica, sólida y progresiva. Es muy importante tener en consideración que hemos construido un orden público en materia de derechos, y es necesario hacerlo valer frente los Estados y diversos actores sociales y políticos de la región, así como debe suceder con las condiciones de vida democrática. Lo señalo en un momento particularmente delicado, en que desde muchos espacios de poder se intentan minar los avances civilizatorios de las últimas décadas.
- ¿Cuáles son sus objetivos y prioridades como Comisionado?
De manera muy clara, favorecer el cumplimiento del mandato que tiene la CIDH, muy particularmente a través de la atención de relatorías de países y temáticas que me han sido encomendadas. Esto permite que el pleno tenga conocimientos específicos y, a la vez, una mirada conjunta de cada realidad para tomar decisiones.
Me interesa mucho el sistema de peticiones y casos, para acompañar el enorme trabajo que hace la Secretaría Ejecutiva con un equipo técnico de muy alto nivel y compromiso para sacar adelante las cerca de tres mil peticiones que llegan anualmente por parte de personas y colectivos que solicitan se investigue y atienda una posible violación a derechos humanos en el territorio de un país a cargo de la supervisión de la Comisión. Es un reto importante atender cabalmente los plazos y tiempos procesales, no perder el diálogo con los Estados y considerar sus capacidades instaladas de respuesta, así como garantizar la reparación integral a las víctimas.
De forma particular, me gustaría incidir en el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento de recomendaciones a los países, en avanzar en la creación de una relatoría específica sobre independencia judicial, y en acompañar la red académica que prestigiadas universidades de la región tienen con la CIDH.
- ¿Cómo ve la situación de derechos humanos en América Latina actualmente?
Delicada y compleja. Es clarísimo que hay un intento por debilitar a la democracia constitucional y el respeto a los derechos humanos desde espacios de poder público y de actores no estatales con poder económico y político. Parece fortalecerse un discurso añejo y falaz de una pretendida eficacia de la seguridad, de la estabilidad, del bienestar, a costa de los derechos humanos de todas las personas.
Y así, podemos observar el debilitamiento institucional en los sistemas de justicia, o la opacidad en las instituciones que la procuran; el desmantelamiento del eje transparencia-rendición de cuentas- política anti corrupción; la discriminación y la violencia contra personas históricamente excluidas; el uso desproporcionado de la fuerza pública; la violencia inaudita contra las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, o el quebrantamiento del equilibrio entre los poderes públicos.
Sin embargo, así como hay estados que ejemplifican este panorama desalentador, hay otros que están emprendiendo rutas plausibles para atender esta problemática. Cito a dos a Colombia y Chile, cuyas relatorías tengo a mi cargo, países con los que se han emprendido sólidos mecanismos de seguimiento conjunto de las recomendaciones para hacer efectivos los derechos humanos.
Para observar esta situación, el Informe Anual de la Comisión es un instrumento de gran utilidad pues recoge un análisis de la situación regional de los derechos humanos y rinde cuentas sobre su actuar. En el Informe Anual 2022, específicamente con los países que integran el capítulo IV.B, se da cuenta de la ausencia de los elementos esenciales para la democracia representativa y sus instituciones, así como de las condiciones para garantizar la separación de los poderes y la independencia judicial.
En Nicaragua, por ejemplo, la Comisión observó que persiste un contexto de impunidad generalizada y estructural respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde 2018, y que resultaron en la muerte de al menos 355 personas; más de 2 mil personas heridas; más de 1.614 detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios; o el cierre de universidades con pensamiento crítico – como debe corresponder en la educación superior. Un ejemplo lo tuvimos recientemente con la clausura y desmantelamiento de la Universidad Centroamericana (UCA) encomendada a la Compañía de Jesús.
- ¿Considera que México ha cumplido con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la adecuación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo?
Como interesado en el derecho internacional y constitucional de los derechos humanos he reflexionado, impartido clase y escrito durante años sobre las restricciones a los derechos en México; ha sido un tema de mi mayor interés.
No obstante, el reglamento de la Comisión es muy claro y no permite que los nacionales de un país hablen, intervengan o participen de los temas que lo involucran. La racionalidad de esta prohibición reglamentaria es mantener y fortalecer la independencia y autonomía de la Comisión Interamericana. Sólo valdría señalar que la Comisión Interamericana viene trabajando de manera muy activa en México, desde su creación, y el tono de la respuesta estatal es un tema que le correspondería abordar a la relatoría del país a cargo de la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.
- ¿Cuáles son los retos que vienen para la CIDH?
Son múltiples y enormes en el contexto de la región, pero quisiera destacar algunos relevantes. Me parece que hay que profundizar en el avance y eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de la mano de la relatoría especial en la materia (REDESCA), y a partir de su mandato específico; en el entendido de que haber generado mayor justiciabilidad en torno a los mismos y una jurisprudencia cada vez más robusta en la última década, requiere reforzar su atención. Al respecto, me parece que el cambio climático es un desafío enorme que causa una gran preocupación, especialmente entre los países del Caribe.
Pienso que será necesario insistir en temas que creímos superados, pero sobre los cuales, hay que volcar nuevamente un trabajo discursivo, pedagógico, analítico, de acompañamiento y de atención de casos, y que se está presentando en un contexto de debilitamiento democrático. Me refiero a las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, a la protesta social, a la difusión del pensamiento a través del ejercicio periodístico. En este sentido, me parece muy importante acompañar el trabajo de la relatoría especial de la Comisión Interamericana en materia de libertad de expresión.
Como relator de movilidad humana me parece que será importante visibilizar aún más el tema del desplazamiento forzado. Es verdad que se debe prestar atención a las condiciones que lo originan, pero también a las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los países de tránsito y destino. De manera que la CIDH deberá tener una respuesta clara y contundente ante medidas estatales inadmisibles contra la personas migrantes y refugiadas; el uso de un tercer país como muro migratorio; las barreras para acceder al asilo, o la estigmatización y violencia en contra de las personas migrantes.
Además, me parece que la Comisión tendrá que poner su mirada en esa red vasta y compleja de problemas alrededor de la producción, trasiego y consumo de la droga; los delitos asociados con estas actividades, y el aparato de persecución, pero a la vez de complicidad, que se ha instaurado para su atención desde las instituciones del Estado, y que ha traído consigo un contexto de múltiples y graves violaciones a derechos humanos. Es mi convicción que la CIDH debe ofrecer una alternativa desde su mandato para atender el tema desde las condiciones de salud pública y no desde la criminalización, así como impulsar procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la llamada “guerra contra las drogas”.
- ¿Cómo mejorar la atracción de casos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
El sistema de peticiones y casos de la CIDH es de vital importancia para la región porque permite el acceso a una justicia interamericana y a través de las recomendaciones realizadas en los informes de fondo y sentencias que puedan surgir a partir de los casos presentados ante la Corte IDH, se va creando un cuerpo robusto de estándares que marca el camino a seguir para la plena garantía de derechos humanos en la región, esto es, la CIDH sienta las bases de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos.
Con el objetivo de hacer más eficiente este mecanismo, en julio de este año se inauguró un ciclo de eventos orientado a identificar, reflexionar y analizar experiencias comparadas que aporten elementos de otros sistemas de justicia y de sociedad civil para la eventual adopción de medidas que permitan hacer frente al atraso procesal y mejorar la priorización de peticiones y casos para un procesamiento ágil. Todo ello en el marco del actual plan estratégico 2023-2027. Me parece que seguir dando pasos para abatir el rezago procesal debe ser un asunto prioritario para la CIDH.
- ¿Algo que desea agregar?
Sólo decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido un organismo articulador de convicciones que deben permanecer: que la consecución de la democracia no debe separarse nunca del respeto irrestricto a los derechos humanos; que en la región interamericana hemos construido un orden público en materia de derechos humanos que no admite regresión; que las personas y los derechos son el propósito fundamental al que sirven las instituciones públicas; que las víctimas de violaciones a derechos humanos van primero.
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