El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que el próximo miércoles, en la Comisión Permanente, se hará la declaratoria de aprobación de la Ley 3 de 3.
En sus redes sociales, informó que con ello se busca que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor, y en la elección concurrente del próximo año, ningún agresor o deudor alimentario pueda acceder a un cargo de elección popular.
“¡¡¡Aviso oportuno!!! El próximo miércoles en la sesión de la Comisión Permanente se hará la declaratoria de aprobación, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor, de la Ley 3 de 3. A partir de la elección del 2024 ningún violentador ni deudor alimentario aparecerá en las boletas electorales, ni podrá ocupar un cargo público. Compromiso cumplido”, refirió.
Esta tarde, legisladoras de varios partidos y colectivos de mujeres hicieron el llamado para que la Comisión Permanente realizará dicha acción, con miras a que se aplique la legislación en la elección del 2024.
Legisladoras y colectivos de mujeres urgen emisión de declaratoria de la Ley 3 de 3 esta semana
El anuncio se da luego de que legisladoras de diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, integrantes de distintos colectivos y asociaciones feministas llamaran a que esta semana, la Comisión Permanente emita la declaratoria de la Ley 3 de 3.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) dijo que es necesario que esta semana se haga el anuncio formal, para que la siguiente, el Ejecutivo Federal haga la publicación.
“No tendría sentido el poder preguntarnos por qué somos 251 mujeres si no estamos realmente transformando cosas que le interesen a las mujeres de México. Esto para las mujeres, diputadas de todos los partidos políticos, lo pusimos en la mesa, lo razonamos y decidimos avanzar”, comentó.
Joanna Felipe Torres, legisladora del PAN, señaló que están comprometidas en que ningún servidor público que abusa de su poder, somete, acosa, viola y se desvincula de sus responsabilidades paternales, puede continuar siendo servidor público.
“Una persona que realiza este tipo de actividades ilícitas es un delincuente, y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con más cargos públicos”, afirmó.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) refirió que si las personas violentadoras no llegan al poder o al servicio público, el beneficio es para la sociedad, no exclusivamente para las mujeres.
“Nosotras siempre decimos que las cosas de mujeres no son solo de mujeres, sino de la sociedad, y hoy se ve reflejado en esta iniciativa que ya tiene una realidad absoluta”, expuso.
Por su parte, Amalia Dolores García Medina, diputada de MC, expresó que tuvieron que pasar 100 años para que esta iniciativa se convierta en ley y sea una obligación de los hombres el cumplir con sus hijos, y si bien, se ha avanzado en los derechos de las mujeres, con esta reforma se contribuye a que se instaure la ética en el servicio público y transformar el debate público. “Se habla de deudores alimentarios y violencia política en razón de género”.
Por el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo indicó que la “3 de 3” no es una cacería de brujas o brujos, “no se quiere venganza, sino justicia; es una oportunidad para que lleguen las y los mejores” a los cargos públicos.
Añadió que ocho de cada 10 hijos separados no reciben una pensión alimenticia. “Hacemos un llamado a los congresos locales que faltan a que den ese paso por la tranquilidad, desarrollo y la paz del país”.
En la reunión, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Santiago Creel, informó que se recibió la notificación de 20 Congresos locales que han avalado la legislación.
Y que faltan por notificar los Congreso de Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
El diputado Creel Miranda dijo que esta reforma es constitucionalmente progresista, porque le da al corazón de la democracia en su avance para contener al poder arbitrario, por lo que resulta fundamental para los derechos humanos.
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