La (CIDH) condenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas cautelares por la CIDH, que ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El organismo internacional destacó que, el padre Marcelo Pérez era beneficiario de medidas cautelares desde el 2015 dada su situación de riesgo. En su Resolución 30/2015, la Comisión solicitó al Estado Mexicano, entre otros aspectos, adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida, su integridad personal, y la posibilidad de realizar su labor de defensa libre de actos de violencia y hostigamientos, así como que se investiguen los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares.

La Comisión hizo un llamado al Estado mexicano de investigar con la debida diligencia y a sancionar a los responsables intelectuales y materiales. En particular, debe incorporar un enfoque que tome en consideración el trabajo como defensor de derechos humanos del Padre Marcelo, así como las amenazas y hostigamientos recibidos previo a su asesinato. Asimismo, las líneas de investigación deben estimar el contexto de recrudecimiento de la , que viene siendo denunciado ante la CIDH.

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En tanto, la Comisión Interamericana recalcó que el Estado Mexicano debe adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de implementar las presentes medidas cautelares y garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las demás personas beneficiarias. La CIDH, además, resaltó la importancia de la protección de los familiares y personas cercanas a las labores que realizaba el , incluidas las de la congregación religiosa a la que pertenecía.

De igual forma, el organismo internacional señaló que los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad, sumado al efecto amedrentador que generan estos actos respecto de otras personas defensoras de derechos humanos.

Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándolos en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión.

“La CIDH toma nota de la información brindada por el Estado de que la Fiscalía General del estado de Chiapas logró la detención del presunto autor material. Asimismo, de que la Fiscalía General de la República ha atraído el asunto al ámbito federal, a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, para la atención con enfoque interseccional”, expresó el organismo internacional.

De manera complementaria, destacó el seguimiento que ha realizado la presidenta sobre el crimen del , ofreciendo colaboración para su esclarecimiento.

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mahc/bmc

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