La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados aprobó por 23 votos a favor las conclusiones del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2022, y las remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN) lamentó que la entrega del último informe de auditorías a la Cuenta Pública de 2022, en febrero de este año, haya sido la “más pobre de la fiscalización superior de los últimos 17 años”.
“Desde 2021 se registra una baja en la cobertura de la fiscalización y en el programa anual de auditorías se observa una conformación deficiente en términos de desempeño, estudios y evaluaciones de políticas públicas, hay deficiencias en el proceso de ejecución en número de auditorías forenses, lo que impacta negativamente en la responsabilidad de la ASF”, expresó.
La Comisión de Vigilancia también avaló las conclusiones y recomendaciones para la ASF, derivadas de los informes individuales y General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2022, y enviadas por la Unidad de Evaluación y Control (UEC), con 24 votos a favor.
Entre las recomendaciones y áreas de oportunidad recurrentes de la evaluación de desempeño realizada a la ASF están: procesos de planeación, de ejecución y de seguimiento de auditorías, evaluación de la deuda pública contratada por gobiernos estatales y municipales que cuenten con garantía del Gobierno Federal.
Fiscalización de las áreas de riesgo determinadas por la Comisión de Vigilancia, gestión administrativa de la ASF, fiscalización de la ASF a las Participaciones Federales, y participación de la ASF en los Sistemas Nacionales Anticorrupción y el de Fiscalización.
Mientras que las recomendaciones y áreas de oportunidad recurrentes derivadas de la evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora son: recomendaciones y recomendaciones al desempeño, pliegos de observación, promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, solicitudes de aclaración, presentación de denuncias de hechos y promoción de responsabilidades administrativas por faltas graves, y recuperaciones operadas.
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