A dos meses de la salida de quien fuera su titular, la Comisión Nacional de Atención Víctimas (CEAV) sigue sin cabeza y acumulando rezago en su labor de procurar la reparación integral de los perjudicados.
La Ley General de Víctimas entró en vigor hace siete años, pero los afectados por delitos y violaciones a derechos humanos incrementan ante los ojos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y la Comisión Ejecutiva de Atención (CEAV), y se suman con el rezago de años anteriores, lo que ha vuelto la atención más lenta y revictimizante para los perjudicados.
Hay omisiones y una falta de coordinación en las instituciones para cumplir con sus obligaciones, lo que ha conllevado a que la CEAV enfrente 453 juicios de amparo. La falta de respuesta en pronunciarse respecto a las reparaciones integrales por delitos y violaciones de derechos humanos se debe, en parte, a la sobrecarga de trabajo que han presentado las instituciones encargadas de brindar atención a víctimas.
“En México una violación grave a derechos humanos dejó de ser la excepción y empezó a ser la cotidianidad, y cuando las atrocidades son tu normalidad muchas veces no te da la capacidad económica para poder responder a todos los estándares de reparación”, refiere la directiva de Justicia Transicional en México, Daniela Malpica Neri.
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La ley ordena, el SNAV coordina y la CEAV ejecuta. La comisión ha asumido la atención de las víctimas en la mayoría de los aspectos. “La CEAV por sí sola no puede suplir al sistema nacional ni llevar a cabo sus funciones”, comenta un miembro de la Asamblea Consultiva.
Entre 2015 y 2019 los asuntos atendidos aumentaron, en promedio, 238% anualmente; sin embargo, lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no presentó incremento alguno, lo cual obstaculizó la atención para las víctimas, según el Anteproyecto de Presupuesto 2021 de la Junta de Gobierno de la CEAV.
La comisión tiene a su cargo el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), que tenía 34 mil 215 personas inscritas y recibe 500 solicitudes al mes, refiere el informe de junio sobre la situación general de la institución.
Algunas víctimas llevan años en espera de entrar en el registro, pero por devolución de documentos o porque falta el reconocimiento de la calidad de víctima ante una autoridad competente se ha negado la inscripción. Un ejemplo es el caso de Morelia, Michoacán, del 15 de septiembre de 2008, que tardó cuatro años en lograr su ingreso en el Renavi.
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Miembros de colectivos de familiares de búsqueda de personas desaparecidas denuncian que aunque ya cuentan con la inscripción en el Renavi, presentan retrasos en la entrega de las medidas que les corresponden, tiempo que varía entre meses y años.
La activista mexicana y coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, Valentina Peralta, plantea que no se han brindado los recursos suficientes para que se establezca una base de datos real sobre víctimas que pueda vincular información.
“Tenemos un Frankenstein de datos de personas víctimas de distintos estados y la Federación, que llegan con todas las anomalías. Lo que tenemos ahora o es una simulación o realmente no han observado con detenimiento la magnitud del compromiso que el estado tiene con las víctimas”.
En una junta de gobierno de la CEAV, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, mencionó: “El Renavi, más que burocratizado, ha tenido una enorme carga nacional”.
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En 2019 se benefició a 6 mil 97 víctimas por la aplicación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Los delitos y violaciones a derechos humanos más frecuentes en el país son el homicidio, el secuestro, desaparición y desaparición forzada, pero sólo 20% de las víctimas registradas han solicitado acceder a los recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
Respecto a la reparación integral, hay un rezago en la emisión de más de 3 mil 682 solicitudes, que por ley incluyen en su mayoría compensaciones económicas y que no han sido cubiertas en años anteriores. Ese atraso significa un alza paulatina en la cifra de amparos y se suma a la revictimización por la que pasan los afectados con las instituciones.
Aun con los intentos por dar respuestas a la masividad de víctimas, la comisión no ha resuelto con prontitud las solicitudes.
“El Sistema Nacional de Atención a Víctimas es responsable, una parte de él es la CEAV, que es quien opera los servicios de atención, pero no tiene las condiciones. Es un modelo totalmente aspiracional, pero la circunstancia victimal es una realidad cotidiana y cada minuto se amplía”, dice la activista Peralta.
“ El problema en México es que con 98% de impunidad en los casos no hay quien responda por la violación, por ende, entra de manera subsidiaria el Estado a responder; le ha costado trabajo poder entender esto”, comenta Malpica. Una respuesta pronta y justa para las víctimas, dice, tiene como propósito la reconstrucción del tejido social y crear confianza en las instituciones.
