Durante la instalación de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, sus integrantes, senadores de todos los partidos, omitieron referirse al caso del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien enfrenta un proceso penal donde es acusado de ser responsable de la muerte de 40 migrantes en una estación de dependencia en Ciudad Juárez.
El presidente de dicha comisión, el senador del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, optó por comprometerse a trabajar para garantizar políticas migratorias inclusivas y con un enfoque en el desarrollo económico de las comunidades.
Francisco Garduño, quien dejará el cargo en diciembre próximo, gastó en los últimos dos años más de 40 millones de pesos en boletos de avión y viáticos para viajar a Ciudad Juárez para asistir a las audiencias judiciales y firmar ante un juez, de acuerdo a un nota de EL UNIVERSAL, lo cual tampoco fue comentado por ningún senador.
Asimismo, el optometrista de profesión, con preparación penitenciaria, terminará el sexenio y la actual Legislatura como uno de los funcionarios, tal vez sólo superado por Hugo López Gatell, con un mayor número de puntos de acuerdo, exhortos y llamados desde el Senado para renunciar, rendir cuentas o por lo menos comparecer por las políticas de criminalización de migrantes y la muerte de 40 extranjeros en un incendio en una estación de Ciudad Juárez.
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Francisco Garduño duerme tranquilo
“Sí duermo tranquilo”, respondió al ser cuestionado tres meses después de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde funcionarios y guardias del lugar optaron por no abrir el candado de la reja donde había decenas de migrantes, encerrados. El saldo, 40 fallecidos y 26 gravemente heridas.
Los nuevos senadores tampoco plantearon ni un exhorto o llamar a comparecer titular del INM para que explique ni el tema de su responsabilidad en el incendio, ni el uso de recursos públicos para su defensa personal.
Alberto Anaya, se limitó a señalar que la única manera de contener este fenómeno es con proyectos de desarrollo regional para que las personas tengan oportunidad de mejorar sus condiciones de vida en sus lugares de origen y no tengan la necesidad de migrar.
Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario de Morena, tampoco recordó la tragedia de Juárez y sólo consideró la urgencia de revisar la Ley de Migración para fortalecer la protección de los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los grupos vulnerables.
Además, dijo que es necesario atender a la gente que emigra a otros estados para buscar trabajo, “sobre todo a nuestras jornaleras y jornaleros agrícolas, que deben contar con la mayor protección”.
Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, demandó recursos para atender a las personas migrantes de la mejor manera, y “parte importante de lo que tenemos que hacer es agilizar los trámites para que no se queden varados en una ciudad”, indicó.
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