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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su primera acción legal en la ruta para clarificar que el periodo de mandato de la próxima administración en Baja California es de dos años, como fue convocada la elección local.
El recurso es una acción declarativa que se integró en expediente de Juicio Electoral de la Sala Superior y busca, mediante una sentencia de declaración de certeza, clarificar con precisión los términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas en el estado y por tanto, el periodo que efectivamente debe permanecer en el encargo el gobernador electo, Jaime Bonilla.
El INE recordó que Bonilla fue electo para el periodo que corre del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021 y ya declarada la validez de la elección, y entregada la constancia de mayoría , el Congreso del estado aprobó una reforma legal para buscar la ampliación del mandato.
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En su recurso, el INE estableció que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, “porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente”.
Valoró que es procedente la acción declarativa, ya que está presente una situación que produce incertidumbre o falta de seguridad en un posible derecho, y además está la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo ese derecho.
Consideró que modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral “podría podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto”.
El INE informó que este es un primer recurso legal interpuesto en defensa de la certeza del proceso electoral celebrado en esa entidad, y se planteó ante la Sala Superior para que “disipe la incertidumbre jurídica” derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California que pretende ampliar el mandato hasta 2024.
afcl
