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De cara a la elección de cargos del Poder Judicial en junio de 2025, colectivos LGBT+ iniciaron con la promoción de acciones afirmativas para la inclusión de personas históricamente vulneradas, incluidas las de la diversidad sexual, además que se presentaron Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JCD).
Salma Luévano, exdiputada trans de Morena y ahora coordinadora nacional de Economía Incluyente en la Secretaría de Economía, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un JCD para solicitar cuotas arcoíris en la elección del Poder Judicial.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado Josué Nava, impulsor del proyecto Justicia Afirmativa, explicó que se le hace una observación a la autoridad electoral de que el Senado fue omiso al emitir la convocatoria para jueces, magistrados y ministros, y no tomó en cuenta a los grupos en situación de discriminación.
“Nosotros no podemos pedir por los grupos como indígenas o afromexicanos porque no somos pertenecientes; sin embargo, sí podemos tomar nuestra agenda e impulsarlo desde ahí”, mencionó.
Refirió que se busca la inclusión de las poblaciones LGBT+, como se hizo con los diputados y diputadas, y senadores y senadoras: “Sí está obligada la autoridad a tomar acciones específicas para que los grupos en situación de vulnerabilidad donde los espacios públicos, independientemente si son de elección popular”.
“La importancia de la inclusión es la máxima porque en México prevalece la cultura de homofobia, de machismo, entonces esto en la realidad sí tiene un impacto (...) También tenemos la deuda histórica con las personas trans, que se les ha negado el trabajo, que se les ha negado el acceso a la educación y que cuando tiene como parte de su proyecto de vida ir a contender a este tipo de espacios, quien tiene que tomar la decisión de si concursas o no es parte de más del 80% de la población mexicana que tiene sesgos machistas y homofóbicos, y por ende no les dan el espacio”, declaró al mencionar que también es un blindaje como población históricamente vulnerada.
Algunos juicios, puntualizó el abogado Nava, se interpusieron de manera colectiva que suman 22, con presencia en 12 estados de la República. Confió en que este proceso se extienda a las elecciones de 2027 porque en la parte de diputaciones y senadurías todavía no se cumple la cuota de 5%.
Ante los juicios presentados, detalló que el Tribunal Electoral ya envió notificaciones y se espera que se resuelvan en próximas semanas: “Estamos un poco tranquilos, tranquilas y tranquiles de que habrá una respuesta favorable; sin embargo vamos a estar observando qué criterios nos establecen y qué respuesta nos da el Senado”.
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También estos colectivos ya prevén propuestas para evitar la usurpación de estos espacios.
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