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Sin revelar los nombres de los funcionarios por temor a represalias, colectivos contra la violencia de género y asociaciones civiles denunciaron que dos titulares de los órganos de control interno de la Secretaría de la Función Pública (SFP) continúan ejerciendo sus cargos a pesar de enfrentar demandas de orden civil por violencia familiar.
En una carta que llevaron a la Cámara de Diputados, las activistas exigieron que el gobierno federal aplique las recientes reformas constitucionales en materia de violencia familiar, que buscan asegurar que ningún servidor público que esté involucrado en actos de agresión mantenga una posición de poder.
Señalaron que, luego de estas reformas aprobadas por el Congreso el pasado 30 de marzo de 2023, el artículo 38 de la Constitución establece que cualquier persona que haya incurrido en violencia no debe ocupar cargos públicos o de elección popular, esto en un esfuerzo por proteger a víctimas, particularmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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Enfatizaron que “quien es capaz de transgredir a su primer círculo de confianza y amor, es decir a su esposa, pareja, hijas o hijos, no puede ocupar cargo alguno en el gobierno, ni tampoco debe participar en la toma de decisiones que definan el rumbo del país”.
En este contexto, colectivos como Fundación Vive 110% Mujer, EQUIS Justicia para las Mujeres y Mujeres Aportando a Mujeres, enfatizaron la necesidad de que la SFP implemente controles más rigurosos, particularmente en sus Órganos de Control Interno, “para garantizar que aquellos que ocupen estos cargos demuestren una integridad ética incuestionable”.
Detallaron que “uno de los funcionarios demandados continúa ejerciendo violencia hacia su excónyuge y su hijo, incluso después del divorcio”.
Los colectivos aseguraron que, en este caso, el funcionario de la SFP también incurre en violencia vicaria, pues busca perjudicar a su excónyuge a través del daño que pueda generar contra su hijo.
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“Desde antes de que uno de sus hijos cumpliera la mayoría de edad y una vez cumplida, no ha parado de hacerle daño, además de intentar quitarle la pensión alimenticia en varias ocasiones, causándole un grave daño emocional”, indicaron en su mensaje.
En junio pasado, la violencia vicaria fue tipificada en la Ciudad de México como un delito en el Código Penal y alcanza una pena de entre 2 y 6 años de prisión, así como la pérdida de los derechos que tenga respecto de las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio y patria potestad de hijas e hijos.
Finalmente, las inconformes llamaron a las autoridades federales a responder a los reclamos de la sociedad civil, ya que “debería ser suficiente con el hecho de que estos funcionarios tengan denuncias en el ámbito civil por violencia familiar, para apartarlos de sus cargos, por lo menos mientras se lleva a cabo el proceso y se deslindan responsabilidades; aún cuando no hayan sido condenados con una sentencia firme”.
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