El colectivo Seguridad sin Guerra, integrado por más de 300 organizaciones y ciudadanos, pidió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar la constitucionalidad del acuerdo presidencial con el que se autorizó a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad hasta 2024.
Seguridad sin Guerra hizo este llamado luego de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso un proyecto para desechar la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de mayo.
El proyecto fue criticado por organizaciones de la sociedad civil, porque estaría en sintonía con un recurso de reclamación que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que se deseche la misma controversia constitucional.
Afirmaron que se podría generar un conflicto de interés, ya que propone darle la razón al consejero jurídico “y así impedir que la [Suprema] Corte [de Justicia de la Nación] estudie el fondo de la controversia y resuelva sobre la constitucionalidad del acuerdo militarista”, señaló Seguridad sin Guerra.
El pasado 11 de mayo, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que las Fuerzas Armadas van a complementar las labores de la Guardia Nacional, en tanto que las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad y Protección Ciudadana coordinarán las actividades de los activos.