La estrategia de contención, centrada en la seguridad nacional, exacerba el carácter securitista y de persecución, por encima de un enfoque de seguridad humana, aseguró el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.
“Las políticas migratorias mexicanas generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas, causando graves violaciones de derechos humanos. Les orillan a tomar vías riesgosas, clandestinas y cada vez más costosas, cayendo en redes de trata y tráfico”, resaltó.
Señaló que el comunicado emitido la tarde de este miércoles por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en torno a los seis muertos y 10 heridos que viajaban en una camioneta y recibieron disparos por parte de elementos castrenses en Chiapas, se centra en la versión de los propios elementos militares.
“Este tipo de investigaciones deben ser centradas en el testimonio directo de las víctimas, en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad; así mismo, debe reconocerse la responsabilidad de la cadena de mando correspondiente, y la responsabilidad institucional y política de los factores y condiciones que favorecen este tipo de hechos”, externó.
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Dijo que la la noche del martes 1 de octubre, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes, procedentes de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Cuba, y con necesidades de protección internacional no se detuvo en un retén militar y un convoy inició una persecución, durante la cual elementos militares dispararon al vehículo, causando que la camioneta se accidentara a la altura del ejido Saltillito del municipio de Villa Comaltitlán.
Mencionó que estos hechos no son ni accidentales ni aislados, sino consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando.
“Especialmente son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”, agregó.
Indicó que “el Estado mexicano ha sido omiso ante la situación de violencia en la región; así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales”.
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Recordó que hace un año, el 1 de octubre de 2023, se registró otro accidente en Pijijiapan, donde murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión. En 2021, se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga.
El 31 de octubre de 2021, falleció una persona cubana y otras dos personas fueron lesionadas, tras los disparos de elementos de la GN contra un vehículo particular donde iban 13 personas migrantes.
“Estos hechos evidencian la omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Además, constata que la política migratoria en México ha sido llevada desde enfoques y estrategias equivocadas, generando mayores factores de violencia y de desprotección, cuyas lamentables consecuencias viven personas y familias migrantes”, externó.
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