34 operadores de Morena que participaron en la “ Operación carrusel ”, encabezada por el secretario particular del presidente López Obrador , fueron recompensados con cargos públicos en el actual Gobierno federal.
Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, esos 34 operadores sacaron mediante cheques de caja más de 42 millones de pesos en efectivo de un fideicomiso para damnificados del sismo y presuntamente desviaron parte de ese dinero a actividades proselitistas de Morena.
Al iniciar el sexenio de López Obrador, los operadores fueron integrados a la nómina federal; 30 encontraron acomodo en la Secretaría del Bienestar , la dependencia responsable del reparto de programas sociales, dos en la Secretaría de Educación Pública, uno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno más en la oficina de la Presidencia de la República.
La semana pasada, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus reveló que el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer , y su oficial mayor, Denis Vasto Dobarganes, participaron en una operación de 20 minutos en la cual se hicieron depósitos en efectivo por casi un millón de pesos.
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Esquer y los operadores de Morena se formaron varias veces en la sucursal bancaria de San Ángel para hacer depósitos idénticos, de 50 mil pesos cada uno. Esa estrategia fue replicada en otras sucursales en cuatro días consecutivos de diciembre de 2017, y así el fideicomiso recibió 44 millones de depósitos en efectivo.
La operación carrusel, mediante la cual el monto millonario se fragmentó en cientos de depósitos de 50 mil pesos cada uno, sirvió para eludir las leyes de supervisión fiscal y contra el lavado de dinero.
Después de realizarse los depósitos, la mayor parte del dinero fue sacado mediante cheques de caja por operadores de Morena, no por damnificados.
Entre los militantes de Morena que recibieron dinero del fideicomiso del sismo entre 2017 y 2018, cuatro fueron colocados como súper delegados de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Puebla; cinco más son subdelegados, otros once ocupan cargos de jerarquía, como directores de área, subdirectores o jefes de departamento, y 14 desempeñan cargos operativos.
Guillermo Genaro Polanco García, quien según el Instituto Nacional Electoral (INE) cobró 3.1 millones de pesos del fideicomiso mediante cinco cheques de caja, fue hasta el pasado 31 de agosto el delegado de programas sociales en Nayarit. Su carrera política en Morena comenzó en abril del 2014, cuando entró a trabajar como Enlace del Comité Ejecutivo Nacional. Después, en diciembre del 2015, fue designado Coordinador Técnico en la Secretaría de Organización del partido y allí se mantuvo hasta diciembre del 2018, con un sueldo de 20 mil pesos mensuales.
Rodrigo Abdalá Dartigues, ex diputado federal de Morena y sobrino de la pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, fue súper delegado en Puebla durante los primeros tres años del sexenio. Dejó la delegación en agosto de 2021, tras ser designado titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría del Bienestar, donde según el portal de nómina transparente recibe un sueldo neto de más de 100 mil pesos mensuales.
Según documentos del INE, Abdalá recibió del fideicomiso para damnificados del sismo más de 1.6 millones de pesos a través de tres cheques de caja.
César Addi Sánchez Salinas y José Manuel Vera Salgado, dos colaboradores de Abdalá que se desempeñan como subdelegados de Bienestar en Puebla, también fueron receptores de fondos del fideicomiso; a nombre del primero fueron expedidos 9 cheques de caja por más de 3.5 millones de pesos, mientras que a nombre del segundo hubo 7 cheques por 3 millones.
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En Puebla también trabaja como director de las becas Benito Juárez un ex empleado de Morena de nombre Joshue Uriel Figueroa Blazquez, quien recibió 2 millones de pesos del fideicomiso de damnificados por el sismo.
Nancy Cecilia Ortiz Cabrera y José Antonio Aguilar Castillejos, quienes desde el inicio del sexenio fueron nombrados súper delegados en Oaxaca y en Chiapas, respectivamente, fueron otros operadores de Morena que estuvieron involucrados en la triangulación de fondos del fideicomiso de damnificados. Ella era presidenta estatal de Morena en Oaxaca cuando fungió como beneficiaria en un cheque de caja en la sucursal San Ángel del Banco Afirme por 240 mil pesos, mientras que él era dirigente en Chiapas del mismo partido y supuestamente sacó 501 mil 600 pesos en la misma sucursal.
Antes de ser delegada, Nancy Cecilia se desempeñó entre noviembre de 2015 y diciembre de 2018 como presidenta del Comité Estatal de Morena en Oaxaca.
Óscar Mejía García pasó de trabajar en el ayuntamiento morelense de Jiutepec a ser una pieza clave en los programas sociales de este gobierno.
En la relación de cheques de caja del fideicomiso aparece con un monto de 1.6 millones de pesos, dinero que supuestamente repartiría a los damnificados por el sismo de 2017.
El primero de enero del 2019 Mejía García fue nombrado director regional en Morelos de los llamados “Servidores de la Nación”, que son los jóvenes encargados de registrar a los beneficiarios de los programas sociales.
Entre los operadores de Morena que participaron en la “operación carrusel” y obtuvieron un cargo en la Administración federal se encuentra Michelle Joselin Alcántara Bautista, quien desde abril del 2019 es jefa de departamento en la Coordinación General de Administración de la Oficina de la Presidencia. De acuerdo con su perfil en Declaranet, anteriormente fue coordinadora regional de Morena en el Estado de México, de 2014 a 2019.
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Guillermo Polanco (izquierda)
José Antonio Castillejos (izquierda)
La triangulación de fondos
Desde que ocurrieron los sismos de septiembre de 2017, el entonces dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expresó la intención de crear un fideicomiso para los damnificados. El Consejo Nacional de Morena, en sesión del 23 de septiembre de aquel año acordó formar el fideicomiso “Por los demás”, lo cual se formalizó dos días después por destacados militantes del partido.
Pese a que los estatutos lo prohibían, el fideicomiso recibió 44 millones de depósitos en efectivo.
Una investigación del INE detectó que, de ese monto, 12.9 millones de pesos fueron depositados mediante una operación “carrusel”, en la que participaron el actual secretario particular de López Obrador, Alejandro Esquer, y la encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, Denis Zaharula Vasto Dobarganes.
Entre el 26 y el 29 de diciembre de 2017 se realizaron 246 aportaciones de 50 mil pesos cada una en seis sucursales de Banca Afirme. Los depósitos se hicieron en todos los casos con diferencia de minutos, por personas que se formaban una y otra vez ante las ventanillas de los cajeros.
Por ejemplo, el 28 de diciembre se hicieron 29 depósitos en efectivo en 22 minutos en la sucursal San Ángel; fue en ese lugar donde Esquer y Denis Zaharula participaron en la operación carrusel.
El mismo día se realizaron 20 depósitos en 54 minutos en la sucursal Arcos; 15 aportaciones en 19 minutos en Vallejo; 28 en 2 horas y 45 minutos en la sucursal Insurgentes y 20 depósitos en media hora en Plaza de la República.
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La autoridad electoral determinó que esta maniobra representó “un fraude a la ley”, ya que se desconoce el origen del dinero depositado en efectivo, además de que ese mismo dinero fue retirado posteriormente por personas que no eran damnificados, sino que tenían vínculos con Morena, pues estaban en la nómina de ese partido o estaban registrados como militantes.
En total, entre 2017 y 2018 fueron retirados del fideicomiso 64 millones 481 mil pesos por medio de 169 cheques de caja.
En un cotejo con la nómina de Morena y con el padrón de militantes, se detectó que de las 70 personas que sacaron dinero del fideicomiso mediante un cheque de caja, 56 tienen una relación directa con Morena.
Y de esos 56 operadores de Morena, 34 trabajan actualmente en el Gobierno federal y estuvieron involucrados en el retiro de 42 millones de pesos del fideicomiso. Ninguno está registrado en el padrón de damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
“Las personas que realizaron los retiros no actuaron a título personal, sino guiadas bajo un esquema de organización y coordinación, y orientadas por el mismo fin, puesto que fue el propio comité técnico (integrado por destacados miembros de Morena) el que determinó a quienes se entregaba el dinero, con el mandato de que el mismo se dispersara a quienes fueron afectados por el sismo”, concluyó el INE en una investigación de 2018.
Dos operadores investigados
Rodrigo Abdala Dartigues, ex diputado federal morenista en el periodo 2015-2018, se incorporó como delegado de la Secretaría de Bienestar en Puebla desde el inicio del actual sexenio, y el pasado mes de agosto fue designado como titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de la dependencia federal, donde según el portal de nómina transparente recibe un sueldo neto de más de 100 mil pesos mensuales.
Abdala dejó el cargo de súper delegado en medio de acusaciones de presunto desvío de recursos. Ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar acusaron que el funcionario habría favorecido a Bertha Luján para su candidatura como presidenta de Morena, de acuerdo con notas periodísticas.
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Entre las irregularidades denunciadas se menciona que Abdala no entregó los apoyos a los damnificados del sismo de 2017. De acuerdo con documentos del INE, el funcionario recibió 6.1 millones de pesos del fideicomiso para el sismo, que supuestamente entregaría de forma directa a los afectados.
También se le acusó del uso de credenciales de elector de beneficiarios de los programas gubernamentales con otro fin.
José Antonio Aguilar Castillejos es otro de los operadores cuya participación en el esquema de depósitos hormiga le redituó en ser nombrado como súper delegado en Chiapas a partir del 1 de diciembre de 2018.
Antes de ello, de 2012 a 2018, Aguilar Castillejos, quien también es Senador suplente, había ocupado cargos partidistas en órganos de Morena en Chiapas, como secretario y presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y al frente del Consejo estatal morenista, según se desprende de su última declaración como funcionario federal en mayo pasado.
En octubre del 2019, la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que nueve delegados en los estados eran investigados por mal uso de los programas sociales a su cargo, entre ellos los de Chiapas y Puebla, Aguilar y Abdala. E incluso la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que incurrieron en promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos, al hacer campaña a favor del presidente con el reparto de programas.
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