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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab, solicitaron a la Cámara de Diputados redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en la Ley de Seguridad Interior.
“Se estima necesario revisar el caso de la Ley de Seguridad Interior, misma que vulnera derechos humanos, no ha tenido una incidencia efectiva y notoria en la materia que pretendía regular, y cuyo contenido debe ser revisado”, señaló González Pérez.
Durante la instalación de la Comisión de Derechos Humanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que presidirá el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), ambos presentaron la agenda que proponen para la Cámara Baja, en donde otro de los puntos en los que convinieron fue legalizar la interrupción del embarazo por elección y el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.
Igual pidieron eliminar el concepto de prisión preventiva, puesto que, dijeron, viola el derecho a la presunción de inocencia, así como emitir un marco regulatorio uniforme sobre el uso legítimo de la fuerza que esté acorde con estándares internacionales.
Jarab también insistió en crear un formato único de detención, una institución nacional forense y en nombrar a un fiscal general de la República que garantice la autonomía de ésta, puesto que, sin él, subrayó, “la impunidad crónica” que vive México no tendrá cura.
El ombudsman dijo que el fiscal debe resultar de “un proceso de elección incuestionable, que genere certidumbre y confianza en su desempeño, mediante las investigaciones profesionales, objetivas, integrales, imparciales y exhaustivas”.
González Pérez indicó que las 13 fiscalías estatales que están en operación tienen autonomía “sólo de nombre” porque no cambió el modelo de procuración de justicia.
Se busca que los estados tengan fiscalías autónomas, porque lo importante no es que se nombre al fiscal, sino que éste sea autónomo, y que cambien los modelos de procuración de justicia, dijo.
Comentó que en México hay avances en materia de justicia que no deben demeritarse, y sobre si ve que el fiscal general sea impuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, externó que hay confianza de que no sea así.
El representante de la ONU en México se pronunció por diseñar un Presupuesto de Egreso de la Federación 2019 que favorezca la materialización de los derechos fundamentales de la población, en especial de quienes más lo necesitan por los márgenes de pobreza y marginación que imperan en el país, y en el que se avance en el reconocimiento de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.
A la instalación de la comisión también acudió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez Hernández, y el senador presidente de la misma comisión en la Cámara Alta, Emilio Álvarez Icaza, así como el comisionado Nacional de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón.
