La CNDH reprobó que ayer durante una en las inmediaciones del Palacio Municipal de Cancún, Quintana Roo, presuntamente elementos policiales repelieron con armas de fuego a manifestantes con un saldo de dos periodistas Reyna Cecilia Solís, de Radio Turquesa, y Roberto Becerril, de La Verdad, heridos por bala.

La Comisión, en un comunicado, expresó que en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación.

La CNDH, que preside Rosario Piedra Ibarra , urgió al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas.

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Advirtió que su utilización, de conformidad con los estándares internacionales, únicamente podrá exceptuarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas, privilegiando la transparencia.

El organismo expresó su preocupación porque esta agresión se da en un contexto nacional de crecientes y alarmantes agresiones contra comunicadores, que impactan severamente y de manera negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

“El derecho a la libertad de expresión y de manifestación constituyen los pilares fundamentales para el fortalecimiento de las sociedades democráticas… La obstaculización o limitación a cualquiera de tales derechos no solamente afecta de manera individual al periodista o comunicador al inhibir el ejercicio de su labor, sino también afecta a la sociedad, afectando la percepción de la seguridad colectiva y ocasionando a su vez un daño al tejido social”.

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La CNDH hizo un llamado a las autoridades para que se lleve a cabo una investigación objetiva , sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad en el presente caso, analizando ampliamente el ejercicio de la fuerza pública por los elementos estatales responsables, así como en irrestricto apego a las líneas de indagación vinculada con la labor periodística de las presuntas víctimas del evento.

hm

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