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Por falta a la debida diligencia, así como incumplimiento al deber de cuidado, en agravio de un periodista que fue privado de la vida en junio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández ; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat , y al titular de la Fiscalía General de de Oaxaca (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert .
De acuerdo con el organismo, recabó elementos que permiten comprobar omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de al menos 15 servidores públicos: 11 de éstos pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Segob ; una persona más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca ( CADH ) del gobierno de ese estado; y tres más adscritas a la Fiscalía de la entidad.
A través de un comunicado, la Comisión destacó que el periodista había sufrido y denunciado agresiones, amenazas y ataques los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre y 18 de noviembre de 2020; que había solicitado de forma reiterada la asignación de un chaleco antibalas y que se concretaran con premura los procedimientos de incorporación al citado mecanismo de protección.
“Esta Comisión nacional pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la persona enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron”, señaló la institución.
Dijo que por oficio integró un expediente de queja, por lo que solicitó toda información disponible, entre otras autoridades, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y al titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional ( CEN ) del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; a esta última se le requirió información del proceso de incorporación de la víctima al citado Mecanismo, así como del esquema de protección con el que contaba al momento del homicidio.
Para la CNDH, existe responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas al Mecanismo, ya que omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no cumplieron con sus funciones encomendadas para cooperar eficazmente entre la federación y las entidades, para implementar medidas de prevención, protección y de atención urgente con las cuales se garantizara la vida, integridad y seguridad de la víctima, quien se encontraba en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
“Las autoridades responsables omitieron cumplir con el deber de cuidado en apego a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a los procedimientos que establece su reglamento, con lo que se acredita que el desempeño como servidores públicos fue negligente.
"Este organismo advierte, además, la preocupante falta de voluntad política de la autoridad estatal para coordinar acciones para proporcionar atención integral a la familia de la víctima, no obstante, el pleno conocimiento que tuvo tanto de los diversos atentados que sufrió, como de su lamentable homicidio”. dijo el organismo.
También pidió al titular de la Segob, al gobernador de Oaxaca y al fiscal general de la entidad que se proceda a la inmediata reparación integral del daño a los familiares directamente afectados por el homicidio del periodista, misma que deberá incluir una compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas.
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