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Por el linchamiento de 15 personas en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, en junio de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez , y al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa .
De acuerdo con ese organismo, el 21 de junio de 2020, varias personas originarias de San Mateo del Mar, que previamente habían tomado las instalaciones de la Agencia Municipal, fueron linchadas por habitantes de Huazantlán del Río; haciendo énfasis en que integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado , presentes al momento de los hechos, no intervinieron.
La investigación realizada por el personal de la Comisión determinó la existencia de situaciones previas que influyeron y detonaron los hechos de violencia, entre ellas conflictos político-electorales entre habitantes de ambos municipios y el encarcelamiento de cinco mujeres por ejercer su derecho al voto. Por ejemplo, el 2 de mayo de ese año y con el pretexto de instalar un filtro sanitario para contener contagios de Covid-19, autoridades de Huazantlán del Río ubicaron un retén que controlaba y restringía el acceso no solo a esa comunidad, sino a toda la región.
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A las 12 horas del 21 de junio de 2020, cinco personas de Huazantlán fueron heridas por arma de fuego en la carretera, a la altura de la colonia Reforma. Ante ello, la Mesa o Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (integrada por autoridades federales, estatales y municipales) envío a 55 elementos de seguridad pertenecientes a las policías Estatal y Vial, a la Guardia Nacional, así como a la Policía Ministerial, quienes custodiaron a los heridos de regreso a San Mateo del Mar, donde fueron atendidos y acompañaron a dos ambulancias que trasladaron a personas lesionadas a Salina Cruz.
Al pasar por Huazantlán del Río, las personas del filtro de seguridad únicamente permitieron la salida de las ambulancias e hicieron que el contingente policial regresara a San Mateo para trasladar a Huazantlán a 200 personas que viajaban en camionetas. Al llegar a dicha localidad, estas ingresaron a la Agencia Municipal y sacaron de manera violenta a más de 30 personas que habían tomado dichas instalaciones, quienes fueron agredidas por la turba.
Un total de 15 personas fueron golpeadas con tabiques de concreto, cercenadas sus extremidades, quemadas con gasolina y fallecieron alrededor de las 21 horas. Entre ellas se encontraban dos mujeres que habían sido detenidas previamente por ejercer sus derechos políticos.
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Aun cuando los elementos policiales realizaron diversas acciones para contener a la multitud -como la utilización de gases lacrimógenos y la realización de formaciones y vallas para resguardar a las personas agredidas- fueron superados en número por las personas de la localidad, agredidos y rociados con gasolina, sin poder solicitar refuerzos debido a la falta de señal de telefonía, ante lo cual solo pudieron rescatar a dos personas antes de salir.
“En este caso, la CNDH constató violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación en relación con los derechos de reunión, manifestación y participación ciudadana”, dijo el organismo a través de un comunicado.
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