Por actos de tortura y detención arbitraria cometida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) en Cadereyta, Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) emitió una recomendación al titular de la institución, general Luis Cresencio Sandoval González.
En la queja, que fue presentada el 13 de marzo de 2019, la víctima señala que el 13 de septiembre de 2011 se encontraba cerca de su domicilio y que alrededor de las 18:00 horas fue detenido por elementos de la Sedena, quienes afirmaron que era la persona que buscaban, por lo que le apuntaron con sus armas de cargo, para, posteriormente, ingresar por la fuerza a su domicilio, en donde lo golpearon y de donde fue trasladado a varios lugares, entre ellos una casa abandonada.
La víctima señaló en su queja que fue sometido, cubierto del rostro, golpeado en el estómago, en las costillas y en los glúteos; que recibió descargas eléctricas en las axilas y en los testículos y fue obligado a reconocer fotografías que le mostró el personal militar mientras le apuntaban con un arma de fuego.
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Según la Comisión, se recabó información y evidencias suficientes para acreditar que la víctima no fue detenida en la calle como se informó en el parte militar, sino en su domicilio; que la intromisión del personal militar en la casa del quejoso no obedeció a ninguna orden de cateo, ni se realizó en flagrancia por la comisión de algún ilícito, como se informó por los servidores públicos responsables de la detención. Además, de que permaneció de manera indebida bajo custodia del personal militar durante 13 horas, antes de ser puesto a disposición de las autoridades competentes.
“Las evidencias y los testimonios recabados por este organismo corroboran se acreditó que además del cateo ilegal e injustificado existió una violación a los derechos a la libertad y a la seguridad personal, y se pudo concluir que la alteración y la tergiversación de declaraciones en la puesta a disposición constituye una manipulación de hechos y del objeto de la investigación, lo que genera incertidumbre jurídica, es ilícito y contrario a las normas que rigen el desempeño honesto del servicio público”, expuso el organismo.
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Señaló también que la CNDH pudo comprobar, con base en el certificado médico emitido por la Sedena, que la víctima sufrió tortura desde el momento de su detención en su domicilio particular y hasta su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal (MPF), lo cual viola sus derechos a la integridad y a la seguridad personal.
La institución, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, solicitó a la Sedena que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proceda a la reparación integral del daño ocasionado a la víctima, para lo cual se le deberá inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, para que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Además, se le deberá otorgar la atención médica y psicológica que requiera.
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