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Por la desaparición forzada de tres personas de nacionalidad colombiana y la ejecución arbitraria de una más de la misma nacionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Karla Quintana; al fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, y a la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama.
Según la Comisión, el 18 de diciembre de 2017, las personas extranjeras fueron detenidas por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y posteriormente, les fue exigido a sus familiares sumas de dinero para liberarlas.
Sin embargo, a pesar de haber entregado la cantidad acordada, el 21 de diciembre de ese mismo año, fue encontrado el cuerpo de una víctima sin vida, mientras que las otras no fueron liberadas, desconociéndose su paradero hasta esta fecha.
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La CNDH destaca que existió ocultamiento de las víctimas por parte de personal de la referida secretaría, afectando no solamente a las víctimas sino a sus familias, y señala que por parte de la Fiscalía General del Estado, hubo omisión para realizar las acciones idóneas en la función investigadora de las carpetas de investigación.
“Este organismo nacional contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad, por la desaparición forzada de las cuatro víctimas; a la vida por la ejecución arbitraria de una de ellas, así como al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de las familias de las víctimas”, señala la institución.
La CNDH solicitó al fiscal general de la República que en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se brinde la reparación integral por los daños causados a quien por derecho corresponda, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de la irregular integración de la carpeta de investigación, en términos de la Ley General de Víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
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También solicita que a las familias de las víctimas se les otorgue la atención médica, psicológica y, en su caso, tanatológica que requieran, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades específicas, así como proveerles de los medicamentos convenientes a su situación.
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