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Por el uso innecesario de la fuerza que policías estatales de Baja California ejercieron el 21 de enero pasado durante un motín en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Mexicali, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), envió una recomendación a la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“El uso de la fuerza ejercida durante el motín en el Cereso de Mexicali por parte de la autoridad no fue estrictamente necesaria, ya que, si bien es cierto que se hizo uso de otros medios disuasivos para restablecer el orden, la respuesta final fue el uso de armas no letales ”, expresó la Comisión.
Agregó que en ese contexto, las autoridades estatales no expusieron argumentos sólidos para emplear armas, con las que 73 personas resultaron lesionadas por disparos de goma.
Personal de la CNDH realizó también un recorrido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mexicali, donde observó condiciones inadecuadas para los internos, lo que representa vulneraciones al derecho humano a la seguridad e integridad personal.
“En el Cereso de Mexicali predominan deficiencias que crean ambientes de violencia física, que afectan las condiciones que permitan garantizar la vida e integridad física de los internos, que requieren de una estancia digna, de gobernabilidad y de mejores condiciones para una reinserción social efectiva”, expuso.
En su recomendación, la CNDH establece que de manera inmediata se verifique y determine la funcionalidad del Cereso de Mexicali, bajo los estándares que garanticen los derechos humanos de las personas privada de la libertad, y que se implemente un programa integral con estrategias que permitan consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, eliminando los factores de riesgo que generan ambientes de violencia.
Además, recomendó llevar a cabo una adecuada separación entre hombres y mujeres para evitar poner en riesgo a las presas y a sus hijos y proporcionarles condiciones de habitabilidad bajo una perspectiva de género; que se inicien los programas, actividades laborales y de capacitación para el trabajo, educativas, deportivas y de promoción, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos de la población interna; y que de manera inmediata se complete la plantilla médica necesaria, así como que se realice el abasto de fármacos para la atención médica suficiente.
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