Por el caso de una mujer que fue detenida y conducida a los separos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, donde fue localizada sin vida tres horas después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como a la presidencia municipal de Salina Cruz.
En un comunicado, el organismo precisó que el 19 de agosto de 2022, la víctima fue detenida tras una discusión con su pareja. Durante su detención, un perito la diagnosticó con un trastorno neurológico, pero en lugar de canalizarla a servicios médicos especializados, fue llevada ante el juez cívico y remitida a los separos, donde fue hallada sin vida tres horas después.
La investigación de la CNDH documentó violaciones a los derechos humanos de la víctima, específicamente a la seguridad jurídica, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la vida, además del incumplimiento del deber de cuidado por no ser canalizada oportunamente para recibir atención médica adecuada, a pesar de que las autoridades involucradas tenían pleno conocimiento de su condición de salud.
También se identificaron afectaciones a los derechos de siete personas, víctimas indirectas, quienes sufrieron presiones por parte de personas servidoras públicas y elementos de seguridad del municipio de Salina Cruz. Debido a estas presiones, los familiares se vieron obligados a trasladarse a otro estado de la República Mexicana, lo que afectó gravemente su proyecto de vida y en particular el interés superior de dos niños.
A pesar de que las autoridades locales sabían de los antecedentes de violencia familiar contra la víctima, no se investigó el caso bajo la perspectiva de género, tampoco se trató como un posible feminicidio ni se reconoció la violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia. Además, al momento de la detención no consideró la condición de salud de la víctima, las autoridades no la canalizaron a una institución o con un especialista en psicología o trabajo social, lo que agravó la situación.
La CNDH solicitó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la presidencia municipal de Salina Cruz reparen integralmente el daño a las víctimas indirectas, otorgando compensación, atención psicológica y tanatológica, asesoría jurídica gratuita para dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y penales considerados en esta Recomendación, además de colaborar con las investigaciones correspondientes e impartir cursos de formación especializada en materia de derechos humanos para evitar situaciones similares, así como exhortar al personal de ambas dependencias a llevar su actuación apegada a los principios de perspectiva de género, combate a la corrupción y máximo respeto a los derechos humanos.
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