La emitió la Recomendación 168VG/2024 a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas (SSP) por violaciones graves a los derechos humanos de 19 migrantes que perdieron la vida en 2021 al ser víctimas del uso ilegítimo de la fuerza pública.

En octubre de 2023, la CNDH atrajo el caso que fue iniciado por la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CEDH). Durante la investigación, el organismo acreditó que los elementos de la SSP vulneraron gravemente los a la vida y al proyecto de vida de las 19 personas al hacer uso ilegítimo de la fuerza pública, trasgrediendo también el principio de interés superior de la niñez de cuatro menores de edad.

De acuerdo con organizaciones civiles que acompañan el caso, el 22 de enero del 2021, elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas reportaron haber encontrado dos camionetas con cuerpos calcinados sin vida, versión que confirmó la propia Fiscalía General de Justicia del estado.

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Investigaciones oficiales hechas por la unidad especializada a cargo del caso determinaron que los elementos de seguridad persiguieron y dispararon contra las personas en contexto de movilidad en un trayecto que une los municipios de Camargo y Díaz Ordaz, ruta que, según las ONG, usan los grupos delictivos para el tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas.

Las unidades calcinadas presentaban 113 impactos de bala, 8 en el costado derecho, 6 en el capacete y 17 más en la cabina, según el informe.

Ante las evidencias, la CNDH recomendó a la SSP de Tamaulipas reparar el daño a las víctimas indirectas inmediatamente, incluyendo la medida de compensación correspondiente y a través de la atención médica y psicológica que necesiten, con personal especializado, de manera continua y proporcionando el medicamento que sea necesario; colaborar en las denuncias administrativas y penales contra los responsables; e impartir un curso integral especializado en derechos humanos, en derechos de personas migrantes y en uso adecuado de la fuerza a las a los elementos que realicen actividades operativas en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, para evitar futuras violaciones.

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