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Los 11 detenidos por el presunto asesinato de 12 personas en el municipio de Las Choapas, Veracruz, en enero de este año, acusaron fabricación de pruebas y violaciones a sus derechos humanos de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz.
Por ello, los familiares de Juan Alfredo Reyes Barragán y su hijo Juan Yahir Reyes, Hugo de la Sancha Montes, Mario de la Sancha Aguirre, José Rodolfo González Jurado, Alfonso Martínez Salazar, Bonifacio Salazar Acuña, Rodolfo López Mendoza, Esteban Moreno Rez y Fredy Moreno Reza, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los imputados fueron detenidos días después de la múltiple ejecución, acusados de “ultrajes a la autoridad”, sin orden judicial alguna, además de ser golpeados, torturados y amenazados junto con sus familias, por parte de policías estatales y de la Guardia Nacional, de acuerdo con las copias, videos y testimonios que obran en la denuncia hecha ante la CNDH, autoridades locales y de la Presidencia de la República.
Los familiares aseguran que a tres meses de su detención y encarcelamiento, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz los involucró directamente en el multihomicidio y solicitó órdenes de aprehensión en su contra, violando el procedimiento legal y sus derechos humanos, especialmente el de presunción de inocencia.
Afirman que se arrestó y retuvo ilegalmente por más de 48 horas en la fiscalía a los afectados, donde se les torturó para luego ser sometidos a un proceso penal bajo el cargo que, denuncian, es a todas luces un montaje.
Pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para impedir que su caso se sume a aquellos en los que se permite a fiscales, jueces y policías, violar los derechos humanos e ir contra la política de cambio que impulsa el actual gobierno de la República.
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Las principales irregularidades en su denuncia, son que tras tres meses de su arresto por “ultraje a la autoridad”, el juez de su proceso violó sistemáticamente el procedimiento penal dejándolos en un estado de indefensión, primero por dictar la prisión preventiva oficiosa sin que la ley se lo permitiera, retrasar ilegalmente los tiempos judiciales y obstaculizar a la defensa para aportar pruebas. Como colofón, decidió que los acusados fueran trasladados a diferentes penales.
El abogado defensor acusó que el juez nunca valoró debidamente las contradicciones y pruebas que demuestran que mentía el informe policial homologado que entregó la fiscalía.
Citan que en ese documento los policías dicen que los arrestos se produjeron cuando un grupo de personas en las Choapas, en forma violenta, les impidió cumplir una orden de aprehensión, cuando en realidad la madrugada del 24 de enero diversas caravanas de patrullas ingresaron con decenas de policías estatales y de la Guardia Nacional para realizar violentos cateos y arrestos en diversos poblados.
No permitió, agregó el abogado, que la defensa aportara mayores pruebas para desmentir el informe policial, pues conforme a los testimonios los policías estatales y de la Guardia Nacional, fuertemente armados, entraron sin orden alguna a domicilios, golpearon y detuvieron a las once personas, amenazaron a sus familias, robaron y destruyeron pertenencias de los afectados.
En ningún caso, afirman los afectados, se encontró armas o pruebas de algún delito.
kl
