En México, siete de cada 10 personas han escuchado sobre la propuesta de reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la encuesta telefónica nacional realizada por EL UNIVERSAL a mil 200 ciudadanos, y 57.6% sabe de qué trata esa modificación legal.
A pesar de que López Obrador desea que su reforma sea aprobada en los términos que él propuso, aún debe discutirse en el interior de cada partido para lograr los consensos necesarios y, de acuerdo con algunos analistas consultados, el PRI será un factor decisivo para lograrlo.
A tan sólo tres semanas de haber presentado su propuesta de iniciativa, el gobierno federal ha tenido éxito en posicionar este tema en la agenda pública, en su mayoría quienes apoyan al gobierno opinan que uno de los principales beneficios que tendrá la reforma en la población es que se garantizará la energía eléctrica a precios justos; sin embargo, quienes están a favor poco han mencionado que la propuesta va en contra de los esfuerzos internacionales en materia de energías limpias y renovables.
El 30 de septiembre, el Jefe del Ejecutivo federal envió una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica con la que pretende dar mayor fortaleza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgándole al menos 54% del mercado nacional.
Este punto ha generado incertidumbre en una parte de la sociedad y de las empresas, ya que mencionan que eso tendría graves implicaciones en la transmisión y distribución de suministro eléctrico, lo cual generaría que los cortes de energía sean más frecuentes y que se incrementarán los costos de las tarifas eléctricas para los hogares y para las compañías.
Hay una división en la opinión pública en cuanto a permitir que particulares ofrezcan el servicio de abasto de electricidad, 47% apoya esta opción, por el contrario, 44.2% no están dispuestos a permitirlo.
El presidente López Obrador en su enmienda plantea la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya que se considera que acota las funciones de la CFE, este punto en particular ha generado diversas opiniones, en su mayoría en contra, pues se considera que generará incertidumbre, impediría la llegada de nuevas inversiones e incitaría que abandonen el país algunos proyectos que se establecieron con anterioridad.