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Jueces en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y San Luis Potosí tienen pendientes los 147 juicios de amparo presentados contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco y su sustitución por el proyecto de Santa Lucía.
Luego de que EL UNIVERSAL informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México ordenó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el colectivo #NoMásDerroches se reivindicó la estrategia legal.
Este colectivo está integrado por organizaciones como Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Coparmex, Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y México Unido Contra la Delincuencia, despachos de abogados y ciudadanos.
Al respecto, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la decisión de frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía por parte del Poder Judicial es la primera de muchas resoluciones que acreditarán la improcedencia y el derroche que habría con dicha obra.
“Esperamos que [con] estos juicios de amparo, que son más de 100 y seguramente aumentará su número, finalmente se suspenda y se cancele el aeropuerto de Santa Lucía”, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Sobre las acusaciones del presidente López Obrador en contra de quienes “ponen obstáculos a todo” y las denuncias que hará de ellos, dijo: “Exhortamos al Presidente a que deje de lanzar acusaciones vacías, amagos que son cortinas de humo y que si tiene, él o su equipo, evidencia de cualquier acto de corrupción que lo señale y lo denuncie”.
Añadió que no es justificable que a seis meses de haber iniciado su gestión mienta o encubra, que si no hay actos de corrupción, que lo reconozca y si los hay, que los denuncie. Añadió que Coparmex acompañará en la denuncia para que se sancione, porque “no somos ni encubridores ni complacientes con la corrupción”.
De Hoyos Walther advirtió que como parte del colectivo #Nomásderroches “se continuará tocando la puerta del Poder Judicial para buscar contrarrestar decisiones de cualquier orden de gobierno que impliquen el desperdicio del dinero de todos los mexicanos y la violación a derechos humanos”.
Expuso que uno de los argumentos que plantearon a los jueces fue que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó cientos de miles de millones de pesos y la desaparición de 46 mil empleos, la pérdida de certeza jurídica, la confianza de empresas y que el proyecto Santa Lucía no resuelve la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México.
En entrevista, José Mario de la Garza, abogado que forma parte del equipo legal que realizó los amparos, informó que esta es la primera y única suspensión con la que cuentan hasta el momento, de las 40 que han solicitado al Poder Judicial.
