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La cifra de desaparecidos que dio el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se “queda corta”, puesto que en Veracruz y Tamaulipas juntos hay más de 40 mil, aseguró la coordinadora del Colectivo Solecito, Lucy Díaz Genao.
“Es una cifra que queda muy por debajo de la real”, señaló en entrevista la activista veracruzana, al señalar que el Ministerio Público no reporta las desapariciones, además de que en las zonas rurales hay un “severo” problema para acceder a las denuncias.
Díaz Genao afirmó que en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas no se menciona la realización de un censo para contar con una cifra real de ciudadanos no localizados y tampoco se señala, dijo, si ex funcionarios serán procesados por omisión.
Sobre el tema, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, afirmó que los colectivos de personas desaparecidas quieren resultados y no más discursos de las autoridades.
Afirmó que el grupo del que forma parte no confiará hasta no ver resultados concretos del plan que dará prioridad a la búsqueda en vida de víctimas de trata y atención especial a centroamericanos, ya que se estima que entre 8% y 10% de las personas desaparecidas son migrantes.
Informó que el 12 de febrero se reunirán con la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, para conocer detalles del plan de búsqueda.
Graciela Pérez, quien hace dos años fue condecorada con el premio Human Rights Tulip por dedicar su vida a la búsqueda de personas desaparecidas, hizo énfasis en que el nuevo instituto debe atender con urgencia los procesos de identificación de cuerpos, así como la falta de capacitación del personal que realiza esas labores y el mejoramiento de los laboratorios forenses.
“Hay estados que son como zonas de exterminio. Además, el proceso de identificación de cuerpos tiene muchas fallas”, señaló.
Josefina León, dirigente de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, mencionó: “Saludamos la creación de esta institución que las familias y organizaciones ya habían construido”.
La defensora de derechos humanos solicitó al gobierno que esta iniciativa no demore en arrancar y añadió: “Esperemos que se nos incluya a las organizaciones en el proyecto, porque al final nosotros somos quienes hemos salido a campo y conocemos mejor el tema”.
Claudia Rosas, representante del colectivo Rastreadoras por la Paz, en Sinaloa, pidió que “se nos incluya en el proyecto y nos dejen consultar la base de datos nacional que van a hacer”.
