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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Latina expresaron su preocupación ante medidas en diversos países de la región para “reducir o cerrar” espacios a la sociedad civil en los ámbitos político, económico y social donde participa.
Ante ello, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la ONU Derechos Humanos en América Latina hicieron un llamado a los gobiernos latinoamericanos a garantizar ambientes seguros, abiertos, libres y propicios para la defensa de los derechos humanos, con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemora este jueves.
Mediante un comunicado, ambas organismos alertaron sobre un aumento en la adopción de normas que restringen los derechos a la libertad de expresión, de participación, de reunión pacífica y de asociación que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
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Hicieron especial énfasis en países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Venezuela, donde se han presentado iniciativas legislativas o se aprobaron recientemente normas que afectarían el libre funcionamiento de organizaciones de derechos humanos por la falta de criterios claros para la concesión, rechazo o revocación de su personalidad jurídica, así como mayores restricciones para el registro, constitución, estatus, inscripción y su funcionamiento.
Algunas de estas, señalaron la CIDH y la ONU Derechos Humanos, bajo la justificación de resguardar la seguridad nacional, combatir la delincuencia organizada y/o el terrorismo o su financiamiento, y conceder facultades discrecionales para la vigilancia y fiscalización de sus actividades.
La Comisión y la ONU Derechos Humanos recordaron a los Estados que el libre y pleno goce del derecho a la libertad de asociación incluye el deber estatal de crear las condiciones legales y efectivas para que las personas defensoras puedan ejercer libremente su labor. En ese sentido, la regulación y los requisitos legales no deben impedir, retrasar o limitar su creación o funcionamiento, comentaron.
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Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos advirtieron de una tendencia a limitar las protestas pacíficas mediante la aprobación de leyes restrictivas, entre ellas, la criminalización del derecho a la protesta social, el uso de la figura de delitos de orden público de manera ambigua o demandas civiles destinadas a inhibir su labor critica o la participación en el espacio cívico.
“En diversos países de la región se registran casos de intimidaciones por parte de fuerzas de seguridad, el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas y la criminalización de personas que participan de las manifestaciones o que defienden derechos de manifestantes, incluyendo a observadores de derechos humanos y brigadistas de salud”.
Por otra parte, los organismos reiteraron las prácticas de uso de tecnologías de vigilancia altamente intrusivas como los “malware” y el reconocimiento facial en detrimento de la labor de defensoras y defensores, que no sólo vulneran el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, sino que también tienen el potencial de afectar la integridad de otras personas de su entorno y contribuyen a generar un clima de autocensura.
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“Estas prácticas virtuales han sido observadas en toda la región, particularmente en Brasil y México. Este tipo de actividades ilegales también afectan a la prensa independiente que, en su labor de registrar y difundir hechos y opiniones diversas en contextos de grave deterioro de las instituciones democráticas e intensificación de la represión, constituye un insumo irremplazable para la defensa de los derechos humanos. El Estado mexicano anunció que iniciará una investigación sobre el uso de estas tecnologías”.
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