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Aunque Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que se resolverá la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que las investigaciones del nuevo gobierno “no han avanzado con la celeridad que esperábamos”.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá criticó que las autoridades no han descifrado los obstáculos que impiden acceder a la verdad y a la justicia en este caso, mientras los padres de las víctimas continúan con el dolor de no saber lo que pasó.
Para desenredar la trama de los hechos registrados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, Arosemena de Troitiño consideró necesario investigar a los funcionarios de más alto rango que pudieron estar inmiscuidos en el delito o en la obstaculización de las indagatorias.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta en Derecho, Ciencia Política y temas de género reiteró que la CIDH seguirá revisando el expediente y apoyará a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Confió en que esta administración sí escuchará las hipótesis de la comisión, luego de que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) diseñó su propia verdad histórica e hizo poco caso a los planteamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Van cinco años de la desaparición de los 43 normalistas, ¿cómo ve el caso?
—Las investigaciones no han avanzado con la celeridad que esperábamos. En las noticias yo vi que el Presidente recibió a los familiares de los 43 jóvenes, y eso [es] muy alentador, porque [el Ejecutivo] está asumiendo su compromiso; sin embargo, también escuché que algunas instituciones no están coadyuvando en la conducción de las investigaciones.
¿Qué exige la CIDH?
—Quisiéramos tener, para el 26 de septiembre, algo concreto de parte de las autoridades, algo detallado de la investigación para hallar a los responsables, pero también a los muchachos. Precisamente leía en una noticia que ya había información importante sobre dónde podrían encontrarse los estudiantes, entonces eso no puede demorar, tiene que ser atendido, porque la situación ya va para cinco años.
Se investigará a altos funcionarios por este tema, ¿qué relevancia tiene eso?
—Es necesario estructurar una nueva línea de investigación con cosas puntuales que hay que empezar a hacer, una de ellas es tomar las declaraciones de las personas del Ejército que presenciaron los hechos. Además, investigar a estos funcionarios también podría ser una pieza clave para conocer la verdad.
¿Por qué es importante que se resuelva el caso?
—Porque permitiría que el sistema judicial, en el ejercicio de su independencia, le señale a México: “Éstos son los culpables”, y que caiga quien caiga, si hay responsables en los altos mandos, que se determinen las responsabilidades. Eso engrandece un sistema de justicia y a todo el país, pero sobre todo le da paz y tranquilidad a toda la población, a todo México, a sus ciudadanos; ellos merecen paz, se merecen la verdad y que la consigna sea: “Ningún desaparecido más”.
¿Hay motivos para creer que conoceremos la verdad?
—Se ha establecido una comisión para la verdad que, en la última visita oficial que hice, arrojaba avances importantes. Además el hecho de contar con una fiscalía especializada dirigida por una persona que conozco perfectamente [Omar Gómez Trejo]— quien participó en el grupo de GIEI— hace que tenga confianza, debido a que esa persona tiene un manejo del expediente que puede precisamente hacer eso: coadyuvar para estructurar una nueva forma de investigación.
Un total de 77 implicados han sido liberados, ¿fracasó el sistema de justicia?
—El Sistema Penal Acusatorio no está diseñado para que los criminales salgan riéndose de las víctimas, lo que necesitamos es que funcione para que aquellas personas que pueden dar información reciban algún tipo de concesión. Repito: no se trata de liberarlos, porque también se tiene que determinar su responsabilidad, pero debemos encontrar mecanismos, que no sean tortura, para alcanzar esta información.
¿Cómo colaborará la comisión interamericana en esta nueva etapa de la investigación?
—Tenemos un nuevo convenio para el mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa (Mesa), que se firmó con este gobierno, y a un representante de la comisión, aquí, en México, para un monitoreo directo. También hay dos exintegrantes del GIEI con acciones a seguir muy puntuales; ellos están a punto de terminar la tarea que se les encomendó y vamos a escuchar el informe que nos van a presentar.
¿En esta ocasión sí será escuchada la CIDH?
—Nosotros rechazamos la verdad histórica con hechos científicos; no obstante, mantuvieron esa versión. Ahora es otro momento, hay otras circunstancias, [por lo que] espero que sí seamos escuchados. Tengo confianza en que pronto vamos a obtener algo. No es una investigación sencilla, necesitamos una estrategia para alcanzar a esas personas que pueden tener información valiosa o que pueden estar involucrados en los hechos.
¿Cómo está el país en materia de derechos humanos?
—Hay una situación gravísima, una crisis forense brutal para atender la identificación de 20 mil restos. ¿Como el sistema puede responder para identificar todo eso? Los familiares de las personas desaparecidas quieren encontrar los restos de sus seres queridos y darles cristiana sepultura.
Además de Ayotzinapa y de la identificación forense, ¿en qué otros temas trabajará la CIDH?
—Ahorita tenemos todo el tema de migración, que también está afectando mucho al país. Es muy importante que México evalúe lo que representa un compromiso internacional y nacional de la protección de los niños, niñas y adolescentes, porque ellos, antes de ser migrantes, son seres humanos.
¿Qué otro mensaje mandaría a las autoridades?
—Que la grandeza de México es inmensa, y esa grandeza tiene que ser también para la justicia del país.
