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El 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió como Presidente de la República, varios gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e incluso de otros partidos, aprovecharon la ocasión para retratarse con el nuevo mandatario.
A ocho años de aquel famoso retrato, 10 exgobernadores han sido acusados de desvío de recursos , enriquecimiento ilícito e incluso estar vinculados con el narcotráfico .
EL UNIVERSAL
hace un recuento de los gobernadores que acompañaron a Peña Nieto en aquella ocasión y ahora enfrentan la justicia.
César Duarte
. A la lista de los gobernadores priístas detenidos, se suma el exgobernador de Chihuahua, quien tras permanecer prófugo desde 2017, fue detenido el pasado 8 de julio en Miami, Florida, acto que coincidió con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos.
César Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, es acusado por los delitos de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito.
Será este viernes 10 de julio, cuando Duarte tenga su primera audiencia en una corte estadounidense.
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Roberto Borge Angulo.
Fue el 4 de junio de 2017 cuando elementos de la Interpol y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron al exgobernador de Quintana Roo .
El exmandatario fue detenido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Panamá y hasta el momento se le han imputado cinco delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, ejercicio indebido del servicio público, peculado y delincuencia organizada; aunque este último requiere de la autorización del gobierno de Panamá, para ampliar los términos del convenio de extradición.
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Actualmente se encuentra preso en el Centro federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.
Javier Duarte.
A dos semanas de concluir su gobierno, Duarte solicitó licencia al cargo y huyó del país a bordo de un helicóptero, el cual era propiedad del estado de Veracruz, sin embargo seis meses después, el 15 de abril de 2017, fue detenido en un hotel de lujo ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala.
El 17 de julio de 2017, el exgobernador de Veracruz fue extraditado y posteriormente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde cumple una condena de nueve años, de los cuales ha purgado tres por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
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Por otra parte, su exesposa, Karime Macías, desde 2018 es requerida por un juez en el estado de Veracruz por el supuesto desvío de 112 millones de pesos del DIF estatal durante el periodo que ella fungió como presidenta honoraria como primera dama de la entidad.
En octubre del año pasado, Macías fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición en Londres, Inglaterra, pero consiguió que le concedieran el beneficio de continuar su proceso en libertad.
Se prevé que el 16 de noviembre de 2020 la Corte de Magistrados de Westminster de Londres inicie el juicio de extracción en su contra.
Fausto Vallejo.
EL exgobernador de Michoacán estuvo bajo la lupa, luego de que su administración se viera marcada por corrupción y nexos con la organización criminal Los Caballeros Templarios.
En 2013 el exmandatario se vio obligado a pedir licencia por motivos de salud, en su lugar quedó Jesús Reyna, exsecretario de gobierno, quien un año después fue acusado de tener contactos con Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios . Al regreso de Vallejo en 2014, Alfredo Castillo fue nombrado Comisionado de Seguridad en Michoacán. Ese mismo año, el priista anunció un permiso más para una revisión médica. En ese lapso, se revelaron dos videos donde su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, aparece bebiendo cerveza y charlando con La Tuta .
El hijo del exgobernador de Michoacán fue detenido en enero de 2019 por delincuencia organizada y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 en Guanajuato. Por su parte La Tuta purga una sentencia de 55 años por el delito de un secuestro cometido en Uruapan, Michoacán; se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Rodrigo Medina.
En agosto de 2016, Medina fue acusado de otorgar estímulos indebidos por 3 mil 128 millones de pesos a la armadora coreana Kia Motors . El 26 de enero de 2017 fue encarcelado, pero sólo 19 horas, porque una juez de Distrito ordenó su libertad inmediata, al señalar que se violó un amparo que impedía la prisión preventiva como medida cautelar.
El 1 de marzo de este año, Medina fue exonerado del delito de ejercicio indebido de funciones por un juez de Control, quien consideró que la fiscalía anticorrupción no dio a conocer en forma exacta, en modo, tiempo y lugar, cuál era la conducta delictiva que le estaba imputando.
También fue absuelto por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado, el juez estimó que la Fiscalía Anticorrupción del gobierno estatal no precisó los ilícitos que le imputaba y le impidió una adecuada defensa con relación a las acusaciones de otorgar apoyos indebidos a la armadora coreana Kia Motors, por 3 mil 128 millones de pesos.
Andrés Granier.
El exgobernador de Tabasco fue detenido en junio de 2013. Estuvo cinco años en el Reclusorio de Tepepan, en la Ciudad de México, y desde enero de 2019 se encontraba en arraigo domiciliario por tener 70 años de edad.
El 1 de marzo de 2018 fue condenado por el delito de peculado a casi 11 años de prisión y al pago de 196 millones de pesos por la reparación del daño contra el erario en el sector de Salud durante su administración (2007-2012).
Además un juez federal le quitó una acusación por defraudación fiscal equiparada calificada por un monto de 2 millones 156 mil 489 pesos, al no encontrar pruebas suficientes para poderlo mantener procesado por este delito.
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En mayo de 2019 Granier Melo obtuvo una sentencia absolutoria y su libertad absoluta, quedando sin efecto la acusación de peculado por un monto de 196 millones de pesos, delito por el que había sido condenado a 11 años de prisión.
Roberto Sandoval.
En mayo de 2019, el exgobernador de Nayarit junto con el magistrado de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, fueron incluidos en la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber recibido sobornos del narcotráfico, por lo que le fueron congeladas sus cuentas.
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro precisó que Sandoval Castañeda participó en una amplia gama de actos de corrupción, incluyendo el desvío de activos estatales, así como la aceptación de sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación , Los Cuinis y Los Beltrán Leyva.
En la trama de presunta corrupción de Sandoval Castañeda también están su esposa, Ana Lilia López Torres, y sus dos hijos, Pablo Roberto y Lidy Alejandra Sandoval López, quienes son señalados de ser prestanombres del exmandatario priista.
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La Unidad de Inteligencia Financiera informó que fueron bloqueadas las cuentas de 42 personas, entre ellas las de Roberto Sandoval y del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez
En febrero de este año el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, como alguien involucrado en actos de corrupción y se le prohíbe la entrada a la Unión Americana, igual que a su familia.
Una vez que se designa a funcionarios de gobiernos extranjeros por su papel, directo o indirecto, en actos de corrupción significativa, esos individuos y su familia inmediata se vuelven inelegibles para recibir visas estadounidenses.
Mario Anguiano.
A mediados de 2016, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y el Congreso de Colima denunciaron al exgobernador ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por el mal uso de recursos públicos. En total se interpusieron tres denuncias: una por el presunto desvío de mil 867 millones de pesos, otra por la presunta compra irregular de un software que costó 66 millones de pesos y una más por la contratación y uso indebido de un crédito por 638 millones de pesos.
En febrero de este año el exgobernador de Colima se “entregó” a la Fiscalía del estado al asegurar que no cuenta con los recursos para pagar la sanción de 515 millones de pesos que le impuso el Congreso local por la contratación irregular, en 2015, de un crédito de más de 638 millones de pesos que además fue utilizado para dar liquidez a las finanzas estatales y no para los fines establecidos.
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Acompañado de medio millar de personas y ante una agente del Ministerio Público afirmó que estaba a disposición de la autoridad.
La representante social le pidió al exmandatario que le explicara mejor el caso y cuando éste dijo que el Congreso había pedido a la Secretaría de Planeación y Finanzas que le cobrara los 515 millones 174 mil 928 pesos de la sanción, la agente ministerial desarticuló el acto mediático de Anguiano Moreno: “entonces le pediría que vaya a la Secretaría de Planeación y Finanzas a explicar esto mismo, que es la encargada de cobrarle”.
Ante la declaración del exgobernador, diputados locales solicitaron a la UIF investigarlo.
Rubén Moreira.
En 2018, el exmandatario de Coahuila fue acusado por la diputada panista María Eugenia Cázares de desviar durante su administración más de 390 millones de pesos de participaciones federales que le correspondían a municipios de la entidad. Hasta ahora no se tiene más información si es que el ahora diputado es investigado.
Egidio Torre.
Se encuentra bajo la lupa luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas iniciara investigaciones a empresas factureras, en las que se encuentran implicados funcionarios de la administración del exgobernador de Tamaulipas.
¿Y Enrique Peña Nieto?
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que su administración no ha iniciado una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto o su familia.
Sin embargo, se ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el exmandatario y sus familiares más cercanos.
Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en la entrega de becas Prospera en el último año de gobierno del expresidente.
También la Secretaría de la Función Pública ha acusado que en la administración anterior hubo irregularidades “monumentales e inmorales en el ejercicio del presupuesto público.
No obstante, a pesar de las múltiples acusaciones sobre el sexenio de Peña Nieto, el presidente López Obrador ha dejado claro que su gobierno no interpondrá denuncias directas si no en contra de quien o quienes resulten responsables.
Esta semana llega en extradición Emilio Lozoya, integrante del equipo de campaña de Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos duante su administración. Ha prometido colaborar en las investigaciones que se le siguen por irregularidades relacionadas con Odebrecht.
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